Tras celebrarse la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), obtiene auto de formal procesamiento contra Víctor Lorenzo Bernárdez Ramos, Fernando Manaces Padilla Díaz y Douglas Alexis Alvarenga Mendoza, a quienes se les presume la comisión de los delitos de explotación ilegal de recursos mineros, forestales y de daños agravados, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” en Tocoa, Colón. A los tres se les dictaron medidas distintas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de salir del país, no concurrir al sitio donde funcionaba la empresa y presentarse cada 15 días a firmar el libro de control.
En el caso de Víctor Lorenzo Bernárdez Ramos, el juez determinó que se mantenga la caución depositaria por cuatro millones de lempiras, a Fernando Manaces Padilla Díaz se le impuso una fianza depositaria de un millón 500 mil lempiras y tres millones como fianza hipotecaria; y a Douglas Alexis Alvarenga Mendoza, se le impuso un millón de fianza depositaria y cuatro millones de lempiras de fianza hipotecaria.
Por medio del análisis de un equipo multidisciplinario de la FEMA, se constató que se habían cometido varios delitos ambientales, entre ellos, violaciones a las normativas y permisos ambientales generando una deforestación que incluye áreas no contempladas en las autorizaciones otorgadas.
La misma inspección indicó que existía la apertura de carreteras y otras obras dentro de la zona amortiguamiento del parque, utilizando maquinaria pesada, lo que habría alterado no solo la superficie del suelo y el subsuelo, sino que también la eliminación de la vegetación natural boscosa que cubría el área. Cabe destacar que la zona en donde operaba la minera, se dedicaba a la extracción de óxido de hierro, material muy cotizado a nivel internacional.
La FEMA constató que la actividad o trabajos realizados en ese sector, además de afectar el río San Pedro, también impactó a la quebrada Las Cascadas, y según el análisis de los técnicos, la trituradora de material estaba ubicada dentro de la franja de protección forestal, sin la autorización de parte del ente administrativo, en este caso, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).
Adicionalmente, se habrían registrado daños por las actividades de la empresa sobre el río San Pedro, que alimentan la cuenca del río Aguán. La construcción de infraestructura en estas áreas podría haber puesto en riesgo la disponibilidad de agua para las comunidades locales. Entre estas comunidades están Meangul, San Pedro Las Minas, San Pedro Las Brisas, Taquipil, La Virtud, siendo la más afectada el lugar denominado Malafalda, en Tocoa, Colón.
Según una estimación de parte de la Sección Técnico Ambiental (STA), de la FEMA, será en un periodo de hasta 50 años los que tardaría en regenerarse el bosque que supuestamente fue fraccionado por las empresas que realizaron las acciones en el sitio, repercutiendo en agua y suelo, según el análisis y los instrumentos utilizados por los técnicos de la FEMA.
La audiencia preliminar se programó para el próximo 11 de junio de 2025 a las nueve de la mañana.
