La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, presentó este miércoles una denuncia pública de corrupción tras detectar una red de opacidad, discrecionalidad y evidente conflicto de interés en la asignación y ejecución de L 113,401,824.00 transferidos por el Estado a la Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) Jóvenes Metas.
La investigación de auditoría social realizada por ASJ devela un alarmante modus operandi donde instituciones del sector social, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Programa de la Red Solidaria, desviaron la naturaleza legal de la contratación pública para suscribir al menos 10 convenios con la asociación Jóvenes Meta. Esta entidad, con sede en La Ceiba y constituida originalmente en 2017 para el fortalecimiento de habilidades laborales, arte y cultura para la juventud, fue transformada en la práctica en una organización «multirrubros» utilizada como fachada para actuar como proveedora directa de insumos tan diversos como comida navideña, organizadora de eventos, proveedor de juguetes, estufas industriales, calzado tipo burritos y miles de computadoras portátiles.
El análisis evidencia que el 90% de estos convenios operó fuera del marco legal, para realizar compras masivas de bienes y servicios con el fin de evadir los procesos de licitación estipulados en la Ley de Contratación del Estado. Asimismo, las autoridades violentaron de forma flagrante las Disposiciones Generales del Presupuesto, al realizar desembolsos únicos en proyectos de alto monto. Pese a esta prohibición, en 9 de los 10 convenios bajo sospecha se ordenó de manera irregular el pago del 100% de los fondos en una sola transferencia financiera, anulando cualquier posibilidad de control o fiscalización.
Uno de los hallazgos más graves muestra un evidente conflicto de interés y un esquema de juez y parte, debido a que el convenio de mayor cuantía – por un valor de L 27 millones destinados a adquirir 1,026 laptops y 400 pares de calzado- fue avalado mediante un dictamen técnico elaborado por el propio Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social de la administración anterior, quien de forma simultánea actuaba bajo la figura de director ad honorem de la Dirección del Programa Becas Solidarias, firmando así el beneficio directo para la estructura bajo su control.
En el convenio de L 27 millones, la auditoría identificó que 594 computadoras portátiles fueron entregadas físicamente en las oficinas de SEDESOL sin que exista un tan solo registro de beneficiarios finales, mientras que otras 425 unidades distribuidas en centros escolares carecen de las firmas de validación institucionales. Una situación similar ocurre con los 400 pares de zapatos tipo burros destinados teóricamente a estudiantes universitarios; fue recibida por la Coordinadora de Gestión Administrativa y Operativa de Becas Solidarias de SEDESOL, sin comprobantes que acrediten la entrega real a los alumnos de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras.
En el convenio de L 12.2 millones destinado a dotar de tecnología y equipo productivo a mujeres emprendedoras, se detectó que el 67% de las computadoras portátiles se concentró en el departamento de Olancho, identificando además que varias actas de recepción fueron firmadas por menores de edad. De igual manera, la investigación de ASJ constató que 59 de las 60 estufas industriales financiadas para el beneficio exclusivo de mujeres también se asignaron en Olancho, registrando incluso la entrega irregular de estos bienes a hombres.
Finalmente, la investigación constató que la red dejó L 4,090,340.00 sin ninguna liquidación y el resto del dinero distribuido en otros convenios con liquidación incompleta. Respecto a los informes entregados ante SEDESOL, se revela un sospechoso apuro administrativo: tres liquidaciones se introdujeron a solo tres días de que finalizara la gestión de las autoridades de ese momento, y la última el día de la toma de posesión presidencial, en un claro intento por obtener finiquitos de última hora y borrar el rastro de las irregularidades.
Ante esta grosera normalización de mecanismos que facilitan la captura de recursos públicos destinados a los sectores en extrema pobreza, ASJ demanda al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público iniciar de inmediato las investigaciones para deducir responsabilidades civiles y penales a los implicados. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a prohibir con urgencia el uso de convenios con ONGD como vía para evadir las licitaciones públicas, pues Honduras no puede seguir financiando organizaciones de fachada mientras la población continúa en la vulnerabilidad.
