La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, ante la crisis que actualmente afecta al sistema educativo nacional, y que pone en riesgo el derecho de la niñez a una educación continua y de calidad, así como los derechos fundamentales de los docentes y limita el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administran los recursos públicos destinados a la educación, se pronuncia en los siguientes términos:
- Reconocen la situación de vulnerabilidad que atraviesan los maestros de Honduras ante el incumplimiento del pago de salarios, acumulando deudas retroactivas que afectan la dignidad y estabilidad económica de miles de familias de educadores en todo el país. Esta omisión estatal constituye una violación directa a los derechos laborales consagrados en la Constitución de la República y en la legislación hondureña, por lo que demandamos del Gobierno el cumplimiento inmediato y retroactivo de la deuda salarial acumulada.
- Denuncian que desde ASJ se han identificado señales preocupantes de riesgos de corrupción en el manejo del sistema de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, operando sin rendición de cuentas y exponiendo los fondos públicos al desvío y la mala administración. Desde el mes de febrero, ASJ solicitó formalmente la publicación de la planilla completa del personal docente y administrativo; sin embargo, la Secretaría de Educación se ha negado a proporcionarla. Lo divulgado hasta ahora es insuficiente y fragmentado, omitiendo datos de diversos departamentos y ocultando campos que por ley son estrictamente públicos. Estudios previos de ASJ recuerdan que, en 2012, un 26% de los maestros no se encontraban en sus centros de trabajo al realizarse las auditorías sociales, lo que reveló que el Estado pagaba aproximadamente L 700 millones anuales sin justificación a docentes fallecidos o con multiplicidad de plazas.
- Para hacer frente a la opacidad institucional, demandamos de la Secretaría de Educación el acceso irrestricto a la información y la publicación completa, abierta y actualizada de la nómina de todo el recurso humano que recibe salario del Estado -información que por ley es de carácter público- desagregada por centro educativo, municipio y departamento. Asimismo, exigimos la implementación de herramientas públicas y mecanismos ciudadanos que permitan un monitoreo social permanente en las comunidades, complementado con una auditoría técnica e independiente al sistema de gestión de Recursos Humanos de Educación para identificar y eliminar cualquier irregularidad.
Desde ASJ mantienen firme postura en la defensa del derecho inalienable de la niñez hondureña a recibir una educación de calidad y sin interrupciones. Por ello, si bien reconocemos la validez de las demandas laborales del magisterio, subrayamos que ninguna lucha gremial justifica sacrificar el futuro de nuestra niñez. En tanto, lamentamos que al 22 de mayo del presente año los alumnos ya hayan perdido seis días de clase, lo que se traduce en un impacto financiero de L 1,337 millones sin ningún retorno pedagógico.
Ante este panorama, reafirmamos nuestro compromiso con la auditoría social y la veeduría ciudadana en defensa de la educación de la niñez; al tiempo que instamos a la ciudadanía en general, medios de comunicación, cooperantes internacionales e instituciones del Estado a sumarse a esta exigencia de transparencia. Es fundamental habilitar canales para que la ciudadanía pueda verificar in situ la existencia real de los docentes en cada centro educativo, permitiendo que ante cualquier irregularidad se apliquen los correctivos necesarios y se deduzcan las responsabilidades correspondientes a quienes infrinjan la ley.
