El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este lunes la controversial ley SB4, que impone penas de cárcel por ingreso y reingreso ilegal al estado y permite el arresto de cualquiera que parezca sospechoso de haber cruzado la frontera por puntos no autorizados.
La ley SB4 tipifica como delito menor el cruce ilegal desde México hacia Texas. Las penas en este caso pueden ser de hasta seis meses de prisión. También cataloga como un delito mayor la reentrada ilegal, que eleva las penas a entre dos y 20 años de cárcel. Esta ley también autoriza que un juez pueda eliminar todos los cargos si el migrante decide volver a México.
Los defensores de derechos de los inmigrantes se han manifestado en contra de esta ley. La consideran un ataque racista contra la comunidad hispana, porque incentiva el uso de perfiles raciales en el trabajo policial, además de que se inmiscuye en tareas reservadas a las autoridades federales.
Junto a la SB4, Abbott firmó la SB3, que dispone de más de 1,500 millones de dólares para tomar medidas en materia de seguridad fronteriza. Entre ellas, contempla la construcción de más millas de muro fronterizo entre Texas y México.
¿Qué hace la SB4?
La legislación convierte en un delito menor estatal el ingreso al territorio texano sin la documentación necesaria. El reingreso pasa a ser un crimen. En ese sentido, la legislación copia las normas federales.
Con la SB4 las policías locales y estatal podrán arrestar a cualquier persona que consideren sospechosa de haber cruzado ilegalmente la frontera y entablar “una acusación en su contra ante un tribunal.
El juez de la causa puede ordenar la deportación a México o el arresto del acusado, dependiendo de la gravedad de la falta.
¿Cómo se va a aplicar la SB4?
Este es el punto más polémico que destacan los críticos de la ley, porque ¿bajo qué condiciones las autoridades pueden determinar que alguien es indocumentado y que entró sin autorización por la frontera.
Otro aspecto es que no queda claro si un juez estatal puede ordenar la expulsión de una persona del país, además de que México no tiene por qué recibir deportados si no son enviados dentro de los acuerdos que tiene con el gobierno federal estadounidense.
En un comunicado, la Cancillería de México aclaró que “rechaza categóricamente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y devolver a territorio mexicano a nacionales mexicanos o extranjeros”.
¿Se usarán perfiles raciales para aplicar la ley?
Esa es una de las principales preocupaciones de activistas de defensa de los inmigrantes.
Para estos resulta casi inevitable que la apariencia de la persona se convierta en uno de los principales factores que justifique que sea detenido por las autoridades y que se le pida aclarar su estatus migratorio.
El uso de perfiles raciales es algo que está expresamente prohibido por las leyes estadounidenses, porque viola la norma Constitucional que permite al ciudadano “estar libre de registros e incautaciones irrazonables”.
David Spiller, uno de los representantes estatales republicanos que redactó la legislación, aseguró que ese no será el caso.
“No vamos a perseguir a alguien que ha estado aquí, dos años, cinco años, diez años. No vamos a perseguir a la abuela de alguien que ha estado aquí durante 50 años”, dijo Spiller al podcast Y’all-itics a fines de noviembre.
“La mayor parte de la aplicación de la ley, el 95% se realizaría dentro de 50 millas de la frontera (…) Muchos de los casos serán observaciones, gente que los verá cruzar”.
¿Cuál es el problema si la SB4 solo refleja la legislación federal?
El manejo del sistema migratorio está reservado constitucionalmente al gobierno federal, por lo que los estados no tienen facultades en esa área.
Los críticos de la ley aseguran que es inconstitucional y citan el precedente de la ley SB1070, un texto similar que en 2012 se aprobó en Arizona y que fue desmontado por la Corte Suprema de Justicia porque consideró que usurpaba funciones federales.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes esperan que el Departamento de Justicia desafíe a la SB4 en cortes, con la confianza de que seguirá la suerte de la legislación de Arizona.
La Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU) ya anunció que llevará el caso ante la justicia, aunque hasta ahora no ha puesto fecha para la acción.
“La legislatura de Texas no puede anular las leyes federales de inmigración y reemplazarlas con esquemas extravagantes de su propia invención”, dijo la ACLU en un comunicado.
¿Qué efecto puede tener la SB4 en las comunidades fronterizas?
Activistas sociales aseguran que cuando las policías locales empiezan a hacer el trabajo de vigilancia migratoria, las comunidades con grandes poblaciones de inmigrantes (documentos o no) tienden a cortar vínculos con las autoridades.
Esa es una de las razones por las que muchas policías de ciudades conocidas como “santuarios” no participan en programa de compartir información con el gobierno federal sobre el estatus migratorio de sus detenidos.
El sheriff de El Paso, Texas, Richard Wiles, aseguró en rueda de prensa que la legislación dañará las relaciones comunitarias, será una carga para los contribuyentes locales y abarrotará las cárceles del condado.
“Hemos impulsado la vigilancia comunitaria y leyes como estas realmente funcionan para erosionar la relación que tenemos con nuestra comunidad”, dijo Wiles a mediado de noviembre.
