El Congreso Nacional aprobó en su tercer debate la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, iniciativa enviada por el gobierno con el objetivo de ordenar y racionalizar las finanzas públicas.
El decreto establece un marco de medidas fiscales y financieras que serán aplicadas de manera extraordinaria, excepcional y temporal, ante la situación actual que afecta los recursos del Estado.
La normativa busca restablecer el equilibrio macroeconómico, impulsar el crecimiento económico sostenible y fortalecer la institucionalidad, asegurando que los ajustes no solo impacten las finanzas, sino también promuevan el desarrollo humano y la eficiencia administrativa.
Su aplicación implicará cambios significativos en la gestión de ingresos, gasto público y organización interna de las instituciones estatales.
