El pasado 26 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer la resolución por parte de la Sala Penal sobre mi casación, donde se me declara injustamente culpable en el caso de la muerte de Berta Cáceres. Sin embargo, no se llegó a un consenso en cuanto a mi participación, si fue como cómplice o como autor. Esto implica que será el pleno de Magistrados quien tomen la decisión final sobre el papel que se me asigna en tan vil acto, a pesar de no existir pruebas en mi contra.
Esta noticia fue devastadora para mí, mis familiares y amigos, provocándonos tristeza, frustración y decepción por las actuaciones del sistema judicial hondureño. Desde el inicio del proceso hasta la presentación del recurso de casación, demostré con pruebas testificadas, documentales y científicas, tanto nacionales como internacionales, mi inocencia. Sin embargo, el COPINH y algunos representantes de organismos de derechos humanos y ONGs tergiversaron los hechos. Ni jueces ni magistrados cumplieron con el mandato de aplicar correctamente las leyes y convenios internacionales, ni declararon mi inocencia, pues, como quedó demostrado, no existe una sola prueba en mi contra.
Para inculparme y buscar mi condena, el Ministerio Público, a través de la fiscal Ingrid Figueroa, cometió graves violaciones a las leyes nacionales y al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el debido proceso. Además, manipularon pruebas, como mi registro telefónico, para incriminarme. Utilizaron a la perito Brenda Karina Barahona, quien, en el proceso, rindió falso testimonio. Su propio informe de vinculación telefónica desmentía las acusaciones como prueba científica.
Mi injusta condena también estuvo influenciada por el COPINH, que montó una campaña de presión por más de dos años para que los magistrados de la sala penal dictaran una sentencia arbitraria en mi contra. Lo que el COPINH oculta, y que sirvió de argumento para esa injusta resolución, es que presentaron como testigo a Lilian Esperanza López, su coordinadora de finanzas. Ella, sin escrúpulos ni temor a la ley, mintió más de 20 veces en sus declaraciones, asegurando que yo amenazaba a Berta Cáceres en persona y por teléfono. Estas monumentales mentiras quedaron en evidencia al contrastar sus declaraciones con los peritajes de vinculación telefónica, que demostraron que no existieron comunicaciones entre Berta Cáceres y mi persona. Increíblemente, jueces y magistrados dieron validez a estas mentiras en sus sentencias.
Próximamente, la sentencia de la sala penal deberá ser discutida en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde se decidirá si mi condena será a título de autor o como cómplice. De esta decisión dependerá cuánto tiempo más permaneceré privado de libertad, sumando a los casi nueve años que ya he estado detenido injustamente. Este sufrimiento se añade a todo lo que ya he perdido, como mi nombre, mi carrera
profesional, y lo más devastador: el fallecimiento de mi único hermano y, poco después, de mi madre. Una pérdida irreparable que me acompañará de por vida, agravada porque ni siquiera se me permitió asistir a sus sepelios y darles el último adiós, un derecho que me otorga la ley.
A los honorables magistrados que revisarán mi sentencia, respetuosamente les solicito que pidan a Dios sabiduría y discernimiento para analizar mi caso, y que lo resuelvan de manera objetiva y con criterios judiciales apegados a la realidad. Les pido que ratifiquen, aunque sea contradictorio, la sentencia a título de cómplice, como resolvieron dos de los tres magistrados de la sala penal. Esto sería el mal menor dentro del daño que ya se me ha causado.
Mientras tanto, seguiré esperando que transcurran los meses y confiando en Dios para que mi inocencia sea reconocida en el sistema interamericano de derechos humanos. Espero que junto con esa resolución se otorguen las reparaciones correspondientes, cuando mi caso, ya en etapa de fondo, sea finalmente resuelto.
Sergio Rodríguez
