El sector transporte es uno de los rubros más golpeados por la violencia en el país, principalmente por los cobros ilegales impuestos por el crimen organizado que opera en Honduras.
Debido a las últimas muertes asociadas con el cobro ilegal, los transportistas pidieron fortalecer el Estado de Excepción y exigen una respuesta al gobierno ante la extorsión, que según varios sectores viene en ascenso en los últimos meses.
Honduras registró en los últimos 10 años más de 2 mil transportistas asesinados, estas muertes están relacionadas con la exigencia del pago de la extorsión, más conocido como impuesto de guerra.
La dirigencia del transporte informó que en lo que va del año 2023, al menos unas 18 personas del sector transporte han sido asesinadas, entre ellas, conductores, cobradores y dueños de unidades.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, instauró un estado de excepción en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela y 73 de San Pedro Sula, al norte del país, el seis de diciembre de 2022, con el cual la mandataria declaró la guerra a delitos como la extorsión a través del PCM 29-2022 vigente hasta el seis de enero de 2023.
Sin embargo, Wilmer Cálix, también dirigente del transporte urbano expresó “es lamentable que en el estado de excepción se genere un clima sangriento para el sector transporte”.
Por lo que la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan si realmente se están dando resultados positivos con esta medida instaurada, que se prorrogó el seis de enero mediante el PCM 01-2023, misma que se amplió en 73 municipios del territorio nacional.
Cifras del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) del año 2010 al 2019 se registraron 1,781 muertes de transportistas en todo el país.
