El colombiano-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cooperó con Estados Unidos durante un año de forma “proactiva” sobre sus actividades ilícitas y los contratos con el Gobierno de Venezuela y se iba a entregar a la Justicia estadounidense, según los documentos judiciales divulgados este miércoles (16.02.2022).
De acuerdo con la Fiscalía, el empresario se convirtió en 2018 en una “fuente confidencial de la DEA” durante 12 meses. En ese plazo, entregó más de 12 millones de dólares conseguidos con sus actividades ilegales a las autoridades estadounidenses, con las que firmó un acuerdo para entregarse y ser juzgado por el caso de blanqueo de dinero.
Horas después de la desclasificación de los documentos, Saab negó haber sido un informante de la DEA. “El señor Saab desea aclarar que el único propósito de las reuniones” con las autoridades estadounidenses “era confirmar que ni él ni las empresas asociadas con él habían hecho nada malo”, indica un comunicado emitido por el abogado del colombiano, David B. Rivkin. La defensa de Saab afirma que el gobierno de Maduro sabía de sus contactos con la DEA y con la desclasificación de esta documentación solo buscan “tratar de debilitar la solidez de la relación” de él con Venezuela.
Polémica desclasificación de documentos
Durante la audiencia celebrada hoy en Miami, a la que compareció Saab, el juez Robert N. Scola programó para octubre próximo el juicio por conspiración para lavado de dinero que enfrenta el empresario, aunque depende del resultado de la apelación sobre la inmunidad diplomática que su defensa presentó, y además ordenó la divulgación “inmediata” de dos documentos del expediente judicial.
La Fiscalía había señalado que “Estados Unidos tiene preocupaciones con respecto a la seguridad de Saab Morán y su familia si esta información fuera revelada al régimen de Maduro en Venezuela”. En un momento de revuelo, el juez incluso desalojó de la sala a la prensa y el público para debatir el tema. Sin embargo, Scola aseguró en un documento de hoy que durante cerca de un año la corte no ha recibido argumentación válida que respalde que la divulgación de los documentos ponía en peligro a la familia del acusado en Venezuela.
Los documentos detallan varios encuentros entre Saab y las autoridades estadounidenses. La Fiscalía llegó a advertir entonces a Saab que, “si no se entregaba antes del 30 de mayo de 2019, no seguiría siendo una fuente colaboradora y sería acusada penalmente en el Distrito Sur de Florida”
