El nuevo ministro de Agricultura de Alemania, Cem Özdemir, sabe cómo formular un buen discurso: “A veces tengo la sensación de que un buen aceite de motor es más importante para nosotros que un buen aceite de ensalada”, dijo el miembro del partido de Los Verdes al periódico “Bild am Sonntag” el pasado fin de semana.
En su entrevista, describió la dieta del alemán promedio como poco saludable: más del 50% de los adultos tienen sobrepeso, dijo, y culpó a los productos baratos por contener demasiado azúcar, grasa y sal. “El anterior gobierno intentó durante mucho tiempo que la industria redujera estos ingredientes con compromisos voluntarios. Eso se ha acabado. Conmigo habrá objetivos de reducción vinculantes”, dejó claro Özdemir.
La calidad general de los alimentos en Alemania es baja, y también el valor de los alimentos, denunció el nuevo ministro: “Ya no debería haber precios de oferta. Llevan a las granjas a la ruina, impiden el bienestar de los animales, promueven la extinción de especies y dañan el medioambiente. Quiero cambiar eso”. El precio de los alimentos deberían expresar la “verdad ecológica”, dijo el ministro.
El objetivo declarado del nuevo gobierno, formulado en el acuerdo de coalición recién firmado, es aumentar la proporción de tierras de “cultivo ecológico” en Alemania del 10% actual al 30% en 2030.
Nada de esto es nuevo para Christoph Minhoff, director de la Federación de Alimentos de Alemania, una asociación industrial que representa a varios cientos de empresas alimentarias. “Özdemir está abriendo de golpe puertas que ya están abiertas”, dijo a DW. “A fin de cuentas, no sirve de nada que una empresa intente vender algo que se quedará en la estantería. Necesitan productos que los consumidores compren”.
El precio de la carne
Minhoff insiste en que la industria alimentaria ya está haciendo al menos tanto como cualquier otra industria para que sus productos sean sostenibles y respetuosos con el medioambiente. “Nadie quiere producir más carne de animales torturados”, dice. “Todos estos objetivos se han formulado antes; el problema es cuánto dinero cuesta este proceso. Y la pregunta clave es: ¿quién pagará el precio?”.
En julio de 2021, una comisión gubernamental especial para el futuro de la agricultura industrial, formada por grupos ecologistas y de agricultores, estableció los mismos objetivos generales que Özdemir: reducir el consumo de carne y aumentar la protección del clima. De forma sorprendente, llegaron a la conclusión que un kilo de carne de vacuno debería costar cinco o seis veces más de lo que cuesta ahora: más de 80 euros (90 dólares) el kilo, en lugar de los 13 euros actuales. Esta subida de precios sería necesaria para equilibrar los costos derivados de la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Mientras que los productos lácteos deberían costar entre dos y cuatro veces más que ahora.
La comisión también constató que los daños medioambientales causados por la agricultura industrial suponen un costo de unos 90 millones de euros al año, y recomendó la inversión de entre siete mil y once mil millones de euros al año para financiar la transformación de la industria agrícola en una ecológica.
Mismos objetivos, diferentes caminos
Los agricultores y los ecologistas no están tan alejados como a veces sugiere el debate mediático. Está claro que los agricultores quieren que sus alimentos se valoren más. Reinhard Jung, jefe del grupo de agricultores independientes “Freie Bauern” (Agricultores Libres) y agricultor a tiempo parcial, recibe con satisfacción la orientación de Özdemir. “Si los consumidores pidieran conscientemente alimentos regionales y producidos de forma sostenible, aumentarían las ganancias de los agricultores”, dice a DW.
Pero Jung no cree que los precios de los alimentos deban subir necesariamente para que los agricultores reciban una remuneración justa. “Si consiguiéramos arrancar un poco de dinero a los grandes supermercados, a los grandes mataderos y a las grandes fábricas de productos lácteos para dárselo a los productores, el consumidor no tendría que pagar mucho más”.
Los “Agricultores Libres” tienen tres ideas principales en su lista de deseos para Özdemir: En primer lugar, una etiqueta de origen en todos los alimentos, para que los consumidores puedan identificar más fácilmente los alimentos producidos localmente. En segundo lugar, lo que Jung llama “relaciones justas en la cadena de suministro”, para que los agricultores sepan de antemano lo que van a cobrar. Tal y como están las cosas, las grandes empresas agrícolas le pagan a los agricultores al final y en función de las fuerzas que ejerce el mercado en el momento de la venta. “Especialmente con la leche, es un sistema increíblemente explotador”, dice Jung. “El agricultor sólo se entera un mes después de lo que realmente recibe por un litro: es decir, recibe lo que sobra cuando todos los intermediarios han tenido su parte”.
Y en tercer lugar, Jung quiere una “ley de desagregación” que acabe con los monopolios de las grandes empresas industriales. Esto, argumenta, también podría conducir a precios más bajos mediante la competencia del mercado libre y “permitir a los agricultores desempeñar un papel activo en la competencia”.
El nuevo gobierno ha expresado su ambición de “desarrollar un sistema que permita compensar a las empresas agrícolas por los costes de funcionamiento y, al mismo tiempo, fomentar las inversiones en la agricultura”.
Pero la Asociación Alemana de Agricultores se muestra escéptica ante la posibilidad de que una ley antimonopolio se haga realidad desde el punto de vista político o jurídico. “Por supuesto, los agricultores están sometidos a una gran presión, porque los minoristas negocian en términos muy duros”, señala a DW Udo Hemmerling, secretario general adjunto de la asociación. “La desagregación es realmente una opción teórica: Hay muy pocos ejemplos a nivel internacional en los que las autoridades hayan logrado disolver grandes monopolios.”
¿Puede la gente pobre pagar por comida de buena calidad?
Las exigencias de Hemmerling son más modestas: sugiere una prima estatal para los agricultores que ofrezcan una mejor protección a los animales y al medio ambiente. Esta inversión estatal parece inevitable, dadas las ambiciones de Özdemir, pero también es algo difícil, porque -a instancias del Partido Liberaldemócrata (FDP)- el Gobierno ya ha descartado subidas de impuestos y préstamos adicionales. Además, la cuestión tiene un aspecto social que el gobierno de centro-izquierda, con un canciller socialdemócrata, no puede ignorar: el aumento de los precios de los alimentos supone un incremento del costo de la vida, lo que sería problemático para las personas con bajos ingresos de Alemania.
3,8 millones de personas dependen de las prestaciones del Estado, por lo que la Paritätische Gesamtverband, organización que agrupa a las organizaciones de asistencia social de Alemania, exige que los menos pudientes reciban compensaciones por el aumento de los precios de los alimentos. “El hecho es que la necesaria transición ecológica debe ir de la mano de una buena política social”, dijo el presidente de la asociación, Ulrich Schneider. “La gente tiene que tener la sensación de que se le incluye”. Por ello, Schneider consideró “desafortunado” que Özdemir eligiera como argumento principal la subida de los precios de los alimentos, en lugar de centrarse en cuestiones ecológicas y empresas sostenibles.
