Al menos 39 nicaragüenses, en su mayoría opositores y feligreses católicos, así como un periodista, han sido detenidos en Nicaragua por la Policía Nacional en lo que va de abril, según un informe divulgado este viernes por la organización Monitoreo Azul y Blanco.
“En total hemos registrado 39 detenciones arbitrarias con posibles motivaciones políticas en lo que va de abril”, incluida la de un periodista que dio cobertura a una procesión durante la Semana Santa, indicó la ONG, cuyos reportes son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Del total de detenidos, “se ha confirmado la liberación de 9 personas”, mientras que las otras 30 guardan prisión, según ese informe.
Ese reporte incluye la expulsión del país del sacerdote panameño Donaciano Alarcón.
Alarcón dijo el 5 de abril pasado que fue expulsado de Nicaragua después de que las autoridades policiales lo acusaran de predicar a favor del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años por delitos considerados “traición a la patria”.
Según Monitoreo Azul y Blanco, se documentaron al menos 70 incidentes relacionados a violaciones de los derechos humanos en Nicaragua entre el 17 y 19 de abril pasados, que coincidió con la fecha en que la oposición nicaragüense rememora las manifestaciones populares que estallaron en 2018 contra el régimen de Daniel Ortega y que dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Entre esos 70 incidentes relacionados a violaciones de los derechos humanos se encuentran “detenciones arbitrarias”, allanamientos, agresiones, amenazas, hostigamientos, e incidentes de control territorial, señaló.
Las detenciones, entre ellas las del periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión local, de la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y la del líder estudiantil Jasson Noel Salazar Rugama, se dieron previo al quinto aniversario de las manifestaciones contra el Gobierno de Ortega.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con una férrea represión.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y Ortega reconoce que fueron “más de 300″ y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
La Asamblea Nacional nicaragüense declaró el 19 de abril el Día Nacional de la Paz, mientras que la dictadura de Ortega convocó a diversas actividades deportivas, culturales y de recreación para esa fecha.
La crisis política y social en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Entretanto, Estados Unidos sancionó tres funcionarios judiciales del régimen sandinista que este año despojaron de su nacionalidad a 316 opositores, incluyendo a 222 excarcelados desterrados y al obispo católico Rolando Álvarez.
Un comunicado del Departamento del Tesoro indicó que Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh, magistrados de la Corte de Apelaciones de Managua, y la jueza Nadia Tardencilla, fueron sancionados por cometer “abusos contra los derechos humanos”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) consideró que los tres funcionarios “confirmaron decisiones que revocaron la ciudadanía de más de 300 nicaragüenses” desde sus altos cargos en el sistema judicial de Nicaragua.
Las sanciones impuestas por Washington suponen el bloqueo de todas las propiedades que los afectados tengan en Estados Unidos. También prohíbe a entidades estadounidenses realizar transacciones económicas y comerciales con ellos.
Según la OFAC, el juez Octavio Rothschuh anunció la decisión de desterrar a los 222 presos políticos nicaragüenses el pasado 9 de febrero, mientras que el juez Rodríguez, seis días más tarde, retiró la nacionalidad a otras 94 personas, incluidos periodistas y clérigos, en su mayoría exiliados cuyos bienes además fueron confiscados.
