Al menos 245 personas -entre ellas abogados, periodistas y defensores de derechos humanos- experimentaron algún tipo de persecución política en El Salvador durante el período de 2019 a 2025, de acuerdo con un informe presentado este jueves y elaborado por la reconocida organización humanitaria Cristosal.
«El Salvador está experimentando el resurgimiento de un proceso de persecución y criminalización por motivos políticos», apuntó la ONG en el documento, en el que también alertó que «este fenómeno, documentado en el presente estudio, representa una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se creía superada esta práctica represiva».
También, destacó que entre las víctimas se encuentra la jefa de la unidad de anticorrupción de la organización, Ruth López, detenida desde mayo de 2025 y actualmente «presa política».
El documento reveló que «entre 2019 y 2025, la persecución política dejó de ser selectiva y evolucionó hacia un modelo estructural, sostenido y judicializado» y que «el punto de quiebre fue 2021, tras la captura de las principales instituciones del sistema de justicia» y, «desde entonces, la criminalización penal se consolidó como política de Estado y el miedo se instaló como norma para quienes trabajan por sus comunidades, familias o derechos».
Así describe el informe la persecución política en El Salvador
En 2021, con el partido gobernante Nuevas Ideas (NI) con mayoría en la Asamblea Legislativa, se concentra el 27,7 % de «las personas perseguidas» (68 de 245 casos), «marcando el inicio de la persecución institucionalizada», apuntó.
