Ante la negativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, de eliminar la barrera flotante de boyas colocada en el Río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el gobierno estatal con la que busca forzar su remoción.
La acción sucede luego de que Abbott enviara una carta al presidente Joe Biden asegurando que estaba dispuesto a llevar una batalla legal con la administración para defender la barrera flotante, con la que busca imposibilitar el cruce de migrantes irregulares al país.
“Texas lo verá en los tribunales, señor presidente”, sentenció Abbott en la misiva enviada a la Casa Blanca en respuesta a la carta que recibió por parte del Departamento de Justicia el pasado jueves, en la que se había adelantado que el gobierno federal estaba dispuesto a emprender acciones legales si la barrera no era retirada.
El Departamento de Justicia había establecido las dos de la tarde de este lunes, como el límite de tiempo para que el gobierno de Texas quitara las barreras, límite que no fue acatado por las autoridades texanas.
En la demanda, el gobierno estadounidense pide que se requiera a Abbott remover “todas las estructuras y obstrucciones -incluyendo la barrera flotante y toda la infraestructura relacionada a ella- en el Río Grande” bajo su propio costo.
El documento de nueve páginas reitera que las estructuras no fueron autorizadas y representan una “obstrucción” en la navegabilidad del río. La demanda fue presentada en el Distrito Oeste de Texas, división de Austin, pues es allí donde ubica la oficina principal del gobernador.
“Lo que hace el gobernador es peligroso e ilegal”, dijo el lunes Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en respuesta a la carta enviada por Abbott al presidente Biden. “En lugar de sentarse a la mesa y tratar de encontrar una manera de trabajar juntos, [Abbott] continúa implementando estas formas realmente crueles, injustas e inhumanas de avanzar con un sistema que ha estado roto durante décadas”, agregó.
En la demanda, el Departamento de Justicia alega que Texas instaló la barrera flotante sin la autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU, por lo que esta y “otras agencias federales fueron privadas de la oportunidad de evaluar los riesgos que la barrera representa para la seguridad pública y el medioambiente”.
Abbott apeló a su “autoridad soberana” como gobernador para defender la barrera flotante, asegurando que se trata de una acción “en el interés de proteger las fronteras”.
Además, agregó que Texas no está en violación de la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos, tal y como sostiene el Departamento de Justicia, pues esta norma hace referencia específica a la construcción de embarcaderos, rompeolas, malecones o estructuras.
“Para decir lo obvio, ese estatuto no describe ninguna acción por parte del Estado de Texas”, apuntó el gobernador, quien aseguró que sus acciones eran un “tema secundario” y que “el hecho es que, si se hicieran cumplir las leyes de inmigración que el Congreso ya tiene instauradas, Estados Unidos no estaría sufriendo por su nivel récord de inmigración ilegal”.
De hecho, el número de personas indocumentadas que fueron interceptadas intentando cruzar irregularmente hacia EEUU durante el mes de junio cayó casi un tercio en comparación a mayo, cuando finalizó el Título 42 y entró en vigor el Título 8.
Sin embargo, según Jean-Pierre, las acciones del gobernador “están dificultando” el acceso al río, a patrullar la zona y arrestar a las personas que intentan ingresar ilegalmente al país y “esas son acciones ilegales que no son útiles y están socavando lo que el presidente ha propuesto y está tratando de hacer”.
Durante más de dos años, el gobernador republicano ha intensificado las medidas para evitar que los inmigrantes no ingresen a su estado, a través de la frontera de unos 1.930 kilómetros que separa a Texas y México. Las boyas, son las más reciente de sus estrategias para “evitar que la gente llegue siquiera a la frontera”, según dijo durante el anuncio inicial.
En la carta enviada por el Departamento de Justicia a Abbott, los abogados también señalaron que la “barrera flotante representa un riesgo a la navegación, así como a la seguridad pública en el río Grande, y presenta inquietudes humanitarias”.
Abbott, por su parte, aseguró en la carta que comparte “las preocupaciones humanitarias” apuntadas por la cartera de Justicia, sin embargo, culpó en última instancia al presidente Biden y a “sus políticas de fronteras abiertas” que “alientan a los inmigrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente a través del agua”.
