Integrantes de la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras (ACAINPH) se movilizaron este lunes hacia el Palacio de Justicia en Tegucigalpa para interponer formalmente 16 recursos de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del controvertido Decreto 107-2026.
La acción legal surge en rechazo rotundo a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 de junio y publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Diversas organizaciones sociales y de defensa del territorio califican la normativa como “un acto de traición a la patria”, argumentando que fue diseñada para blindar los intereses de la gran empresa agroindustrial, energética y turística.
De acuerdo con la representación legal de la alianza, el decreto invalida derechos históricos consagrados en la Constitución de la República y convenios internacionales. Entre los puntos más cuestionados destacan la anulación de procesos de reforma agraria sobre predios agroindustriales, la habilitación de desalojos administrativos inmediatos sin control jurisdiccional y la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades autóctonas. El Poder Judicial deberá decidir sobre la admisión a trámite de los recursos interpuestos.
