La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles una segunda resolución exigiendo la “liberación inmediata” de los opositores al régimen de Daniel Ortega detenidos en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre, que tuvo el rechazo enérgico de Managua, ausente en la votación.
Tras su resolución sobre Nicaragua adoptada en junio, la OEA resolvió “reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, en un texto que contó con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional y siete abstenciones, que incluyeron las de las delegaciones de Argentina, Bolivia, México, Barbados, Guatemala, Honduras, San Vicente y las Granadinas.
“Más allá de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración”, dijo el embajador argentino ante la OEA Carlos Raimundi. “La consideramos improcedente y extemporanea por razones similares a las que emitimos en el comunicado conjunto con México el pasado 15 de junio”. Ese voto había sido criticado por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ZFRD5TWO25ARXKPWMYH3QBISEY.jpeg%20420w)
La resolución aprobada por la OEA
Washington Abdala,embajador uruguayo ante el organismo, habló después de Raimundi y criticó que “hay colegas juristas que no terminan de entender la Carta Demócratica, la Carta Interamericana y el sentido del derecho internacional, que es expedirse en los casos en que hay una notoria violación a derechos humanos, derechos electorales y el derecho a la vida”.
“No termino de comprender a los países que no entienden que la dictadura nicarguense es de un grado de violencia extrema”, agregó el funcionario uruguayo. “¿Qué necesitan para comprender que no se le está permitiendo a candidatos ser libremente candidatos, qué necesitan para ver que hay un pueblo que está desesperado clamando libertad, qué más necesitan para entender?”, se preguntó. “Sería tristemente penoso si fuera una lectura ideologíca”, dijo.
“Los dictadores se están eternizando”, advirtió Abdala. “Es un problema que estamos teniendo. Por eso, cuantos más seamos y haya más conciencia de este asunto y su profunda gravedad, agluna vez los vamos a poder doblegar. Pero si seguimos con tibiezas y dudas es porque no estamos entiendiendo la profundidad”.
Desde junio, 37 opositores han sido detenidos en Nicaragua, incluidos siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del 7 de noviembre, donde Ortega, en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato consecutivo. De todos los opositores presos, tres tienen prisión domiciliar mientras 34 siguen encarcelados en condiciones muy duras.
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La aspirante a la presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro, detenida el pasado 2 de junio por la policía nacional, en Managua (Nicaragua). (EFE/Jorge Torres/Archivo)
En el texto, el organismo expresó su “grave preocupación” por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para que se comprometa a la celebración de elecciones “libres y justas”.
La resolución también advierte que la OEA puede tomar “otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones” en Nicaragua, durante la próxima asamblea anual de la OEA, que se realizará en Guatemala del 10 al 13 de noviembre.
Por su parte, el régimen de Ortega rechazó “categóricamente” esta reunión “ilegítima” en la OEA. “Es inadmisible que otro u otros Estados, en abierta violación al Principio de autodeterminación de los Pueblos y de no Intervención en los asuntos internos de otras Naciones, juzguen a otro pueblo libre”, señaló el martes la cancillería nicaragüense en un comunicado.
Mientras tanto, la presión internacional crece como un cerrojo hacia el régimen sandinista. La Unión Europea impuso el mes pasado sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a otros siete funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos y de atentar contra la democracia. Estados Unidos dictó también medidas contra funcionarios y allegados a Ortega.
