Representantes de las bancadas de oposición en el Congreso chileno informaron este martes que se encuentran preparando una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, tras la investigación internacional, bautizada como los Papeles de Pandora, que demostró que la familia del mandatario habría obtenido ganancias millonarias a través de guaridas fiscales.
“Hay una clara convicción de que estamos en presencia de una irregularidad muy profunda, muy grave, que configuran varios argumentos que llevan a la convicción de una acusación constitucional contra el presidente de la República”, afirmó el diputado Tomas Hirsch, de Acción Humanista (AH).
Tras el escándalo que provocó la publicación del trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que reveló que Piñera participó en una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas en un evidente caso de conflicto de intereses, los partidos de oposición han mostrado su voluntad para proceder con una acción constitucional. De momento, únicamente el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se encuentra dividido, según adelantó Hirsch.
La ruta de la oposición
Hasta ahora, las bancadas se encuentran en proceso de recopilación de antecedentes. “Estamos tomando la decisión respecto de un calendario; cómo avanzar; cuáles son los pasos; en qué momento la presentamos”, agregó Hirsch.
Desde el Partido Comunista (PC) informaron que ya se constituyó un equipo jurídico para redactar el recurso, con la intención de que la acción sea ingresada la próxima semana y sea votada antes de las elecciones presidenciales, previstas para el próximo 21 de noviembre.
En conferencia de prensa, el diputado Daniel Núñez señaló a Piñera por comprometer “el honor de la nación, al privilegiar el lucro y el interés privado por sobre la defensa del medio ambiente”.
Por su parte, el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista (PS), detalló que la acusación contra el mandatario se fundamentará en dos causales. Por haber “infringido el principio de probidad y por comprometer el honor de la patria“.
El Congreso tiene la facultad exclusiva de elaborar una acusación constitucional contra el presidente por “actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes”.
