Leo Castellón, presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), aseguró que no hay evidencia alguna que la terminal marítima por construirse en Omoa, Cortés, haya causado perjuicios a Puerto Cortés por 10 millones de dólares.
El Congreso Nacional aprobó un decreto para la construcción de una moderna Terminal Marítima Portuaria de Cruceros, Buques, Mercantes, y Cabotaje en el puerto de Omoa con una inversión de 120 millones de dólares (L 2,800 millones).
Se estima que, en una primera fase, los inversionistas 100% hondureños generarán más de 2, 000 empleos entre directos e indirectos.
El proyecto fue declarado de interés nacional porque además de recuperar las inversiones que se han ido a Guatemala también traerá el turismo de cruceros a Omoa.
Castellón dijo que “ahora, lo que he conocido de Omoa, definitivamente no es una Alianza Público Privada, no es una APP, esa es la diferencia, es un proyecto totalmente privado de un consorcio nacional”.
“Eso es la diferencia de una APP que es cuando se hace una sociedad con el Estado y se usan bienes del Estado para explotarlos a cambio de retribuciones, tasas y otras cosas que mejoran la calidad del servicio en ese bien que se está concesionando o que se maneja como APP”, afirmó.
“Esta (la de Omoa) no es una concesión sino un proyecto privado y ahí está la confusión, pues cuando se habla de concesión es cuando se aprobó a principios de este año, creo que fue el decreto 170-2020 que declaró el proyecto de interés nacional, que dicho sea de paso el diputado liberal Mauricio Villeda no dijo nada en ese momento, pues el proyecto ya se había aprobado”, subrayó el funcionario.
“Luego se mandó a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) a hacer un contrato de servicios marítimo a los buques que esta es una exclusividad de la Portuaria”, recordó.
“Pero lo que se aprobó recientemente en el Congreso Nacional fue ese contrato de servicios que usualmente se le llama concesión, es decir, se están concesionando los servicios para prestarlos a otro puerto que es jurisdicción de la Portuaria pero que es exclusividad de ellos”, sostuvo.
“Nosotros somos reguladores, fiscalizadores y supervisores de los contratos y tratamos siempre de crear un balance entre el concedente y concesionario para beneficio del usuario, en este caso son los importadores”, aclaró.
“Lo que puedo decir en este momento podrá ser especulación porque no hemos conocido tampoco esa nota de la OPC de arreglo directo”, agregó.
La nota fue enviada por ejecutivos de OPC al ministro de Finanzas, Luis Mata y en ella anuncian un trato directo como paso previo a un arbitraje internacional.
OPC busca un resarcimiento de al menos 10 millones de dólares porque aseguran ser afectados por un puerto que ni siquiera se ha comenzado a construir.
“Cuando estuve en el Congreso Nacional como representante del departamento de Cortés, en su momento impulsé el proyecto (de Omoa), sin embargo, no tengo total y profundo conocimiento, simplemente lo que circula en medios también y como yo lo puedo percibir como ciudadano de este proyecto de Omoa”, sostuvo.
Arreglo
“Diciendo esto y siendo imparcial en esto, en realidad nos sorprende esta notificación de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) donde invoca un arreglo directo”, dijo.
“Un arreglo directo en una concesión se da cuando hay probada evidencia que una concesión puede desequilibrar y eso significa que el modelo financiero bajo el cual ellos participaron en este proyecto o en esta concesión se mira afectado por algún factor”, explicó.
“Se habló, por ejemplo, del efecto COVID-19 y en efecto se establecieron mesas de trabajo con la OPC para determinar cuál era el efecto COVID y como afectaba su modelo financiero”, recordó.
“Después de eso, habría que hacer una negociación para que OPC pudiera, en este caso, reequilibrar la concesión, como que bajó el tráfico de contenedores o que el comercio mundial se desestabilizó y por eso se establecen las mesas de trabajo para poder hacer una negociación y posteriormente poder equilibrar nuevamente la concesión”, sostuvo.
Castellón aseguró que “si en la mesa de trabajo no se llega a una negociación, entonces se procede a lo que se llama arreglo directo”, agregó.
“Ese arreglo da cierto tiempo a la primera instancia que en este caso es la Secretaría de Finanzas, antes de proceder a un arbitraje internacional”, sostuvo.
“Es decir que yo creo que esta nota va dirigida directamente para detener ese proyecto, porque no se ha pasado y no hay evidencia alguna que el deterioro o el perjuicio sea de 10 millones de dólares como lo mencionan ahí en la nota”, comentó.
“Lo que va a pasar es que ellos invocan arreglo directo, se sentarán en mesas de trabajo, tendrán que probar que existe un perjuicio hacia ellos y posteriormente se tendrá que resarcir, sino se llega a un acuerdo, entonces tendrá que ir a una instancia internacional, sin embargo, tendrá que ser probado”, manifestó.
“No obstante, es diferente a la situación con EEH (Empresa Energía Honduras) son dos casos diferentes y usualmente los desequilibrios se dan ya sea por fuerza mayor o por incumplimiento de las partes”, señaló Castellón.
