El diputado liberal, Mauricio Villeda, aseguró que el contrato aprobado para la construcción de la terminal marítima en Omoa, Cortés, no llegó al Congreso Nacional ni lo conoció la Comisión Especial de dictamen.
El parlamentario aseguró además que no se sabe quiénes son los inversionistas, aunque en la exposición de motivos y en los considerados del proyecto si están los nombres del consorcio hondureño.
Este proyecto, que es 100% privado y de capital hondureño, llevará a Omoa una inversión de más de 120 millones de dólares (más de 2,800 millones de lempiras).
Conlleva un proceso de cuatro años, siendo sometido a Consejo de Ministros quien lo devolvió varias veces para hacer ajustes, lo conoció el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y el Congreso Nacional también a través de la Comisión de dictamen y el pleno.
Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-039-2020 publicado el 22 de enero del 2021 en la edición 35,494 del Diario Oficial “La Gaceta”, se declaró de interés nacional el proyecto.
El respectivo contrato fue suscrito en fecha 2 de marzo del año 2021.
A fin de promover las inversiones, el CNI trabaja con la colaboración del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh).
El pasado 20 de julio, diputados de diversas bancadas aprobaron el decreto para la construcción de la moderna Terminal Marítima.
El proyecto fue declarado de interés nacional porque además de recuperar las inversiones que se han ido a Guatemala también traerá el turismo de cruceros a Omoa.
En compensación por la mega inversión, el consorcio recibe los beneficios fiscales específicos al estímulo de la inversión, exclusivamente los establecidos en la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2011 especialmente sin ser excluyente, en relación a lo establecido en los artículos 32, 33, 34, 35, 40, 41 y 42, de la misma.
Supuestas irregularidades denunciadas por Villeda
En ese sentido, Villeda dijo que “yo estuve en la sesión donde se aprobó esa iniciativa y lo que me extrañó es que la Comisión Especial que se nombró para analizar ese proyecto de ley había tenido dos votos en contra y una abstención y eso ya deja mucho en que pensar”.
En la Comisión Especial participaron diputados liberales, entre ellos el jefe de bancada, Mario Segura. También la integraron Mario Alonso Pérez, Juan Diego Zelaya, Felícito Avila Ordóñez, Mario Edgardo Segura, Samuel Madrid, Karen Dinora Ortega Osorto, Edwar Samir Molina Fúnez, Iveth Obdulia Matute Betancourt, Mario Luis Noé Villafranca, Doris Alejandrina Gutiérrez y Rolando Dubón Bueso.
“Lo segundo que averigüé por teléfono es que la Comisión Especial no tuvo a la vista el contrato de concesión, eso es un punto relevante. Es decir, la Comisión Especial no tuvo a la vista el contrato de concesión del puerto de Omoa y me imagino que por eso tuvo dos votos en contra y una abstención”, señaló.
“Entonces, parece que fue alguien de la SAPP (Superintendencia de la Alianzas Público Privadas) a explicar de qué trataba el contrato, pero los miembros de la Comisión no tuvieron el contrato a la vista”, reiteró.
Cabe destacar que este contrato no es una Alianza pública privada, ya que no hay bienes del Estado y tampoco el Estado está poniendo un solo cinco para la construcción.
Preguntas
“¿Es atribución del Congreso Nacional aprobar o improbar un contrato que no llega al Congreso?; ¿puede aprobar o improbar un contrato que no se lee en el Congreso?”, se preguntó el legislador.
“La atribución constitucional del Congreso es de aprobar o improbar contratos y aquí lo que se aprobaron fueron tres puntos suspensivos, porque esa fue la transcripción que hubo en el proyecto de ley, tres puntos suspensivos”, reiteró.
“Lo otro es que a nadie se le dio la palabra, ahora electrónicamente cuando uno entra a un zoom, hay una aplicación para levantar la mano, había varias manos levantadas, pero a nadie se le dio el uso de la palabra”, señaló Villeda.
Dijo que “surge otra pregunta: ¿quién tiene tanto poder en Honduras para ponerle un tapabocas y un bozal a todos los diputados del Congreso Nacional, para no dejarlos hablar, para no dejarlos cumplir con su obligación constitucional de aprobar o improbar contratos?”
“El reclamo sería ¿dónde está el contrato?, esa sería la pregunta de hoy: ¿dónde está el contrato, porqué la Comisión de Dictamen no lo tuvo a la vista y porqué el pleno del Congreso que es la autoridad no tuvo el contrato a la vista?”, afirmó.
“Pero ahora resulta que hay otro contrato con otra compañía que ha sido violado y que va a originar al pueblo de Honduras, no al gobierno, a una demanda millonaria”, advirtió.
Villeda hacia referencia a la concesión con Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), que es filial de un consorcio filipino y tiene la exclusividad del manejo de carga en Puerto Cortés.
La exclusividad se limita a Puerto Cortés, no así a otros puertos que Honduras pueda impulsar para promover la competitividad y atraer inversiones que se han fugado a Guatemala.
Villeda dijo: “Otra pregunta que surge para mí: ¿Es posible para el gobierno de la República que no sepa que existe otro contrato que se traslapa con el contrato de concesión?, la respuesta es: no es posible”, agregó.
“Porque si no estamos en un gobierno que no está administrando la República, estamos en un gobierno que no sabe cumplir con sus obligaciones. El agravante nuevo es que existe un nuevo contrato con otra compañía que ha sido violado”, reiteró el diputado y abogado ligado a empresas concesionarias.
Advirtió que “eso le causará al gobierno daños y perjuicios millonarios. Si el contrato no estuvo en el pleno surge las preguntas: ¿Quién está detrás y quien le puso el tapabocas al Congreso Nacional?”
