Phil Murphy, el gobernador de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, la había enalzado como una de sus promesas de campaña en 2017. Casi cuatro años más tarde, el demócrata la llevó a cabo y firmó una serie de leyes que legalizan el uso recreativo de cannabis para adultos, despenaliza la posesión de hasta seis onzas de la sustancia (170 gramos) y reforma el código penal para cambiar la manera de proceder de las fuerzas de seguridad si encuentran a un menor de edad en posesión de la sustancia.
De esta manera, Nueva Jersey se convirtió en el 15° estado del país norteamericano en tomar una decisión de esta naturaleza. Pero el camino no fue fácil.
“Nadie que haya apoyado estos esfuerzos dejaría de reconocer que el proceso ha sido mucho más largo de lo que esperábamos. Pero definitivamente es mejor hacer las cosas bien que hacerlas rápido”, dijo Murphy ante la prensa.
Sin embargo, hay actores políticos y sociales en el estado que no están de acuerdo con esa premisa.
El debate acerca de cómo manejar el consumo por parte de los menores de edad dividió a la legislatura estatal. En dos ocasiones, los miembros ni siquiera dieron quorum para el debate del proyecto. Muchos interpretaban las leyes de legalización y de despenalización como una carta blanca para el consumo por parte de este grupo demográfico.
La ley que legaliza el consumo recreativo indica que los menores de 21 años que sean encontrados en posesión de menos de una onza de marihuana (poco más de 28 gramos), son pasibles de recibir un acta de ofensa menor.
Pero según la ley de despenalización, nadie puede ser penado por posesión de la sustancia. Esta inconsistencia entre ambas leyes demoró el debate por meses. Algunos creían que no se podía estigmatizar a los menores, mientras que otros alegaban que esto implicaba desanimar a la policía a entrar en zonas donde los adolescentes comercian drogas (no solo marihuana).
El propio Murphy hizo declaraciones al respecto. “Nunca nadie, incluido yo mismo, ha hablado de legalizar la marihuana recreacional para niños. Eso jamás estuvo sobre la mesa”, declaraba a fines de 2020 el gobernador.
La solución que encontró la legislatura fue pasar una tercera ley que clarifique la situación de los menores de edad. El resultado fue que se intentará desalentar el consumo de marihuana en menores de 21 años pero sin crear cargos penales para quienes lo hagan. Si un menor de edad es encontrado en posesión de cannabis o de alcohol, va a recibir una advertencia que no entrará en su historial criminal. De recibir reiteradas advertencias, el menor puede ser enviado a hablar con una organización no gubernamental especializada o con un consejero de comportamiento.
Además, las nuevas leyes generan limitaciones para la policía. Sentir olor a marihuana o a alcohol en un grupo de menores de edad ya no es razón suficiente para que un oficial de la ley se acerque a controlar lo que está ocurriendo. Si lo hace, el oficial podría ser encontrado culpable de violar los derechos civiles de los residentes.
Los republicanos del congreso estatal se opusieron a esta ley, así como también lo hizo el sindicato de policía, que la catalogó como una legislación contraria a la policía. Sin embargo, la mayoría demócrata la apoyó, y por ende esta ley -junto a las otras dos- llegó al escritorio del gobernador Murphy, quien ya las ha promulgado.
