La Cámara de Diputados de México aprobó este martes 15 de diciembre las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, con las que se limitará la presencia y actividad de agentes extranjeros.
Con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, la cámara baja aprobó diversos cambios a la Ley de Seguridad Nacional, con las que se pretende regular el intercambio de información de agentes extranjeros con autoridades mexicanas en territorio nacional.
El dictamen establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México acreditará y definirá territorialmente la presencia de cada agente extranjero para fines de “intercambio de información”.
Al respecto, define como agentes extranjeros a los funcionarios que en sus países de origen “ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes“.
El proyecto de ley obligaría a los agentes extranjeros a informar mensualmente a la Cancillería mexicana y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre las “actividades y gestiones que desarrollen” ante las autoridades del país latinoamericano.
Asimismo, prohíbe a los agentes extranjeros a realizar “detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución”.
El dictamen, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también establece una serie de obligaciones para las autoridades mexicanas, a quienes les exige informar a la Cancillería y a la SRE sobre cualquier reunión, llamada telefónica y comunicación que sostengan con algún agente extranjero.
El Gobierno mexicano, a través del canciller, Marcelo Ebrard, afirmó que la iniciativa busca regular a todos los agentes extranjeros, “no solo a los de Estados Unidos”.
No obstante, la propuesta surge después del desencuentro bilateral por el arresto en EE.UU. del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien la Corte del Distrito Este de Nueva York acusó de delitos de narcotráfico, hasta que desestimó los cargos a petición del Departamento de Justicia estadounidense.
El Gobierno mexicano mostró su molestia porque nunca fue notificado sobre la investigación y posterior detención de Cienfuegos, como parte de una operación a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., una agencia que tiene 54 agentes trabajando en México.
En este contexto, el pasado 8 de diciembre, López Obrador dijo en conferencia de prensa que la iniciativa buscaba establecer “reglas claras”, ya que en México no existe un marco legal claro sobre cómo debe llevarse a cabo “la cooperación para el combate a la delincuencia y para garantizar la paz”.
