El gobierno de Donald Trump anunció este lunes que no expulsará a un grupo de niños migrantes que estaban detenidos en un hotel para su deportación y cuyo caso denunciaron varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
La organización Texas Civil Rights Proyect denunció la semana pasada que el gobierno federal estaba utilizando la cadena de hoteles Hampton Inn & Suites en varias localidades fronterizas para detener a niños migrantes antes de su deportación para evitar dejar un rastro judicial.
Esa demanda presentada por ACLU en nombre del grupo de Texas, frenó la deportación “de al menos 17 inmigrantes, incluidos adultos y niños, detenidos en un Hampton Inn en McAllen, Texas”.
Este lunes la organización celebró que frenaron la expulsión de los menores e informó que el gobierno accedió a transferirlos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
El pasado viernes, la organización denunció al gobierno y este lunes el departamento de justicia indicó al tribunal de Washington DC que los menores que estaban en el hotel el 23 de julio y que todavía estén en Estados Unidos van a ser sometidos a los procedimientos migratorios y no serán expulsados.
Según organizaciones de derechos humanos, unos 200 niños fueron retenidos en hoteles para después ser deportados entre abril y junio.
Texas Civil Right Proyect afirmó que los hoteles se habían convertido en “agujeros negros de información para que la gente detenida no pueda buscar ayuda” y denunció que los migrantes colocaron carteles en las ventanas diciendo que no tenían acceso al teléfono y pidiendo “ayuda”.
“Esto es claramente una admisión de mala conducta por parte del gobierno de Trump. Sin embargo, sabemos que hay muchas otras familias que fueron detenidas en ese hotel y que todavía podrían estar desaparecidas”, denunció la organización.
Cuando se conoció esta práctica, la CIDH expresó su preocupación y señaló a Estados Unidos que la detención de niños y adolescentes no acompañados “es una violación a sus derechos”.
El gobierno de Trump mantiene una línea dura contra la inmigración y en 2018 implantó una política de “tolerancia cero” que implicó la separación de miles de niños de sus padres en la frontera. Ante la ola de indignación, el mandatario tuvo que suspender su aplicación.
