Ya es oficial. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, los líderes del club comunitario han pactado este martes el cierre generalizado de las fronteras exteriores y la prohibición de entrada a los ciudadanos de terceros países salvo en circunstancias excepcionales. “Hemos acordado adoptar una decisión coordinada para restringir los viajes no esenciales a la UE durante 30 días”, ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras una cumbre por videoconferencia (la segunda desde el comienzo de la epidemia) que se ha prolongado durante tres horas.
El objetivo del histórico cerrojazo es contener la expansión del coronavirus y evitar la aparición de controles fronterizos dentro de la UE. Pero en ambos casos la medida parece llegar demasiado tarde para garantizar su efectividad.
El coronavirus que causa la Covid-19 campa por toda Europa, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud considera al Viejo Continente como el epicentro de la pandemia global. Y la estampida del miedo ya ha llevado a buena parte de los 27 países de la UE a restablecer los controles fronterizos internos (como es el caso de España o Alemania) e, incluso, a impedir la entrada de ciudadanos europeos (como en Hungría) o someterlos a una cuarentena obligatoria aunque no presenten síntomas ni procedan de zonas con numerosos contagios (como en Polonia).
La Unión se ha llenado de cicatrices fronterizas con miles de europeos que incluso tienen difícil volver a su país de origen. “Hay ciudadanos europeos bloqueados dentro de la UE y esta situación tiene que cesar”, ha exigido este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bruselas confía en que el blindaje del perímetro exterior anime a los socios de la UE a relajar los controles interiores. Pero de momento no parece que la calma esté de vuelta.
La sensación de sálvese quien pueda recorre Europa y la lentitud de la Comisión Europea ha alentado la adopción de medidas nacionales tan dudosas legalmente como imposibles de frenar políticamente en un momento de pánico generalizado. Y ahora, el gran riesgo para Bruselas es que las medidas se perpetúen y pongan en peligro la supervivencia de la zona Schengen o que, incluso, deriven en un atrincheramiento nacional que rompa también el mercado interior y ponga en peligro el futuro de la propia Unión Europea.
Los primeros síntomas de ese resquebrajamiento aparecieron nada más desencadenarse la crisis sanitaria. “Las recientes decisiones de algunos Estados miembros de restringir o prohibir exportaciones –en un caso de hasta 1.324 productos, incluido el paracetamol y aparatos médicos– contribuye al riesgo de carencias en otros Estados miembros, poniendo así en riesgo la salud de la población europea”, avisaba la Comisión el pasado viernes tras los vetos a la exportación aprobados por Alemania.
Berlín asegura que la norma se ha matizado. Y la Comisión aprobó el sábado pasado un reglamento que prohíbe, durante seis semanas, la exportación fuera de la UE de material de protección como mascarillas o guantes, con el objeto de calmar los temores a un desabastecimiento. Pero la desconfianza ya ha cundido en los países más afectados por la pandemia, como Italia o España, que se han apresurado a buscar fuera de la UE, en China en concreto, los suministros imprescindibles para afrontar la grave crisis sanitaria.
La solidaridad económica también ha brillado por su ausencia y cada Estado, como ya ocurrió durante la crisis financiera, tendrá que hacer frente con sus propios recursos al impacto del coronavirus. Los datos ya apuntan a una grave recesión durante este año en buena parte de la zona euro (España pasaría de un crecimiento del 1,8% a una caída del -1,3%, según la previsión de Goldman Sachs) y a un peligroso incremento del paro y la deuda pública en países que ya disponían de escaso margen de maniobra.
La nota positiva de la cumbre europea de este martes es que los líderes comunitarios, ni siquiera los más duros, cerraron la puerta al debate sobre posibles medidas para ayudar financieramente a los países más afectados. El día anterior, los ministros de Economía de la zona euro (Eurogrupo) debatieron, sin avances, varias posibilidades, como la utilización del Banco Europeo de Inversiones o del Mecanismo Europeo de Estabilidad. “Asumimos que los ministros seguirán trabajando en esa línea”, señaló la canciller alemana, Angela Merkel, tras la cumbre. Y hasta el primer ministro holandés, Mark Rutte, habitualmente el más opuesto a cualquier intervención económica, señaló que “alguna forma de compartir riesgos será necesaria”.
La Comisión y el Eurogrupo, sin embargo, se han limitado hasta ahora a dar carta blanca con el gasto público y a descontar del cómputo de déficit, a efectos del Pacto de Estabilidad, el incremento de las partidas de subsidio de desempleo o relacionadas directamente con el impacto de la epidemia. Pero los socios del sur de la zona euro saben que su verdadero pacto de estabilidad se llama prima de riesgo y que cualquier escalada de la deuda pública puede ser severamente penalizada por los mercados financieros.
Aun así, la pasividad comunitaria ha llevado a España e Italia a activar sus propios planes de impulso económico, aun a sabiendas del frágil estado de sus cuentas públicas. Ambos Gobiernos se arriesgan a gastar por encima de sus posibilidades con la esperanza de que la recesión sea muy breve y que, en caso de que se prolongue, la UE asuma la tarea de reactivar la economía.
“Con la UE tenemos que ser todos exigentes”, ha advertido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras anunciar un plan nacional de hasta 200.000 millones de euros que puede desbaratar el tremendo esfuerzo de consolidación fiscal llevado a cabo en los últimos años.
Sánchez ha asegurado que “España está dispuesta asumir su responsabilidad”, pero espera que “la UE dote de recursos económicos a nivel comunitario planes fiscales y que cuando pase la pandemia ponga planes económicos de revitalización”. Pero de momento no hay dinero comunitario en el horizonte, más allá de la oferta de la Comisión para desviar parte de los fondos estructurales (hasta 37.000 millones de euros) de la política de cohesión a largo plazo hacia el gasto corriente más urgente (sistema sanitario, apoyo a pymes). Pero el total de los fondos será el mismo que antes del coronavirus. Sin un euro de más.
