En lo que para el Ministerio Público representa un nuevo logro de persecución penal efectiva, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lograron penas 50 años cuatro meses, 30 años seis meses y 30 años de reclusión en contra de las siete primeras personas condenados por el asesinato de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores e intento de asesinato contra un testigo protegido, hecho ocurrido en marzo del 2016.
Se trata de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex militar), Mariano Díaz Chávez (Mayor del ejército), Edilsón Atilio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Torres Velásquez.
En el caso de Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte y Henry Javier Hernández la pena dictada fue de 50 años cuatro meses de prisión, mientras que Douglas Bustillo y Sergio Rodríguez fueron condenados a 30 años seis meses de prisión y finalmente Mariano Díaz Chávez a 30 años.
Recordar que todos los condenados fueron capturados por la ATIC en el marco de la Operación “Jaguar” entre mayo de 2016 y febrero de 2017.
En este caso, el Ministerio Público había solicitado privación de libertad de por vida, lo que se fundamentó en el artículo 27 del Código Penal en base a las siguientes circunstancias agravantes: obrar por motivos fútiles o abyectos; actuar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz; abusar de superioridad o emplear medios que debiliten la defensa; ejecutar el hecho en despoblado o aprovechándose de la oscuridad de la noche; ejecutarlo en lugar que merezca respeto o reverencia o en la mirada del ofendido cuando éste no haya provocado el suceso; efectuarlo con escalamiento; ejecutar el hecho con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura de puertas o ventanas; ejecutarlo en cuadrilla; y cometerlo utilizando automóvil, nave o aeronave o cualquier otro medio análogo de eficacia bastante para asegurar la agresión o la huida.
Además de ello, dicha pena máxima se peticionó de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código Penal, en lo que se refiere al grado de peligrosidad de los condenados y la magnitud e importancia del caso.
Como se recordará, el juicio por el crimen de Berta Cáceres duró cinco semanas y los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional emitieron Fallo de Culpabilidad el 29 de noviembre de 2018 en un hecho que enlutó a toda Honduras. Para ello los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas donde se demostró la participación que tuvieron los hoy condenados antes, durante y después del hecho.
Vaciados telefónicos, escuchas, declaración de testigos, pruebas balísticas y testimonios de los acusados sirvieron como carga probatoria expuesta en el juicio contra cada uno de los imputados, por lo que en las conclusiones del mismo se pidió por parte de la Fiscalía condenas por los delitos de Asesinato y Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa.
Desde que 3 de marzo de 2016 sucedió este crimen de la líder ambientalista y ganadora del Premio Goldman (2015), el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, conformó un Equipo Multidisciplinario que en tiempo récord logró recolectar la prueba técnica y científica, útil, pertinente y proporcional para judicializar el caso y dar una respuesta a la comunidad nacional e internacional que exigía justicia.
En ese sentido, los jueces condenaron a siete de las ocho personas que ya estaban tras las rejas por los delitos de Asesinato y a cuatro de los ocho acusados de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa.
Todo lo anterior es el esfuerzo de un completo Equipo Fiscal de la Sección de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y de la Sección de Instrucción de la FEDCV, quienes hicieron lo propio para demostrar la vinculación de cada procesado con los hechos que se les imputan, a través de los distintos medios de prueba, entre ellos los análisis y pericias respectivas al arma con la cual le quitaron la vida a la líder ambientalista.
De la acción promovida ante los Tribunales de la República por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra un Testigo Protegido, han sido garantes diversas organizaciones de derechos humanos quienes participaron como veedores en las distintas audiencias del proceso penal.
OTROS ACUSADOS.
A la fecha suman nueve personas detenidas por este caso, el último capturado fue el ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía acusado a título de Autor Intelectual del delito de Asesinato en perjuicio de Cáceres Flores y quien en el momento del crimen fungía como Presidente Ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de la ejecución del Proyecto Agua Zarca, cuya presunta responsabilidad se determinó mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas.
Además, por este mismo caso, la ATIC bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al ex policía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al crimen de Cáceres Flores.
Vale destacar, que las diligencias investigativas por parte del Ministerio Público continúan para determinar la implicación de otros autores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres.
