El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, cambió su testimonio y admitió haber condicionado la ayuda militar a Ucrania a que Kiev investigara a Joe Biden, unos de los rivales demócratas del presidente Donald Trump.
En una de las pruebas más fuertes contra Trump hasta la fecha, Sondland declaró a los legisladores haber dicho a un alto funcionario ucraniano que la ayuda militar estadounidense no sería entregada hasta que Kiev garantizara públicamente que investigaría los lazos de Biden y su hijo con la compañía energética Burisma.
Sondland, en un testimonio que invalidó una versión previa en la que había negado todos los hechos, admitió que propuso el quid pro quo (del latín, “algo a cambio de algo”) supuestamente ilegal y negado por Trump repetidamente, en una conversación, el 1 de septiembre, con Andrey Yermak, un alto consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
En su testimonio del 17 de octubre (y dado a conocer este martes) ante los legisladores que llevan adelante la pesquisa con miras a una eventual destitución de Trump, el embajador señaló que le dijo a Yermak que “la reanudación de la ayuda estadounidense probablemente no ocurriría hasta que Ucrania proporcionase el informe anticorrupción” que habían estado discutiendo durante semanas.
Según la transcripción, el diplomático dijo que esto fue la culminación de meses de presión sobre Kiev, principalmente a través del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, para abrir investigaciones “anticorrupción” a Biden y su hijo Hunter, que formó parte de la junta directiva de la ucraniana Burisma entre 2014 y 2019.
Varios testigos de la investigación en la Cámara Baja habían asegurado que se enteraron por Sondland de que la Casa Blanca quería condicionar la ayuda a Ucrania, lo que probablemente aumentó la presión sobre el embajador y le llevó a cambiar su relato. Antes, había respondido varias veces que no recordaba los detalles de la situación.
El embajador ante la Unión Europea, designado por Trump después de donar un millón de dólares para la ceremonia de su toma de posesión, era plenamente consciente de la relación entre los 391 millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos y la ayuda de Ucrania a Trump con miras a su reelección el próximo año.
Los demócratas cimientan su caso
Sondland admitió además ante los legisladores que llevan adelante la investigación previa a un eventual juicio político contra el presidente que entendía que el vínculo entre la investigación y la ayuda militar era “impropio”. Preguntado sobre si esto era ilegal, el embajador respondió: “No soy abogado, pero presumo que sí”.
La Casa Blanca ha negado reiteradamente que haya habido un vínculo entre la ayuda a Ucrania y las peticiones de Trump, pese a la evidencia de la transcripción de la llamada del 25 de julio entre el mandatario estadounidense y su par ucraniano.
Mientras los líderes demócratas de los comités que investigan a Trump celebraban en un comunicado la declaración de Sondland y opinaban que con ella “el ardid del presidente (sobre Ucrania) está todavía más claro”, el gobierno republicano intentaba cambiar el discurso. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, se aferró al punto en el que Sondland afirma que no sabe por qué se congeló originalmente la ayuda a Ucrania y denunció los “titulares sesgados y salaces de los medios de comunicación”.
El testimonio de Sondland y el de Kurt Volker, ex emisario especial de Estados Unidos para Ucrania, parecen fortalecer la acusación de los demócratas de que Trump abusó de su poder al pedir ayuda extranjera para favorecer su campaña a la reelección y que por eso debería ser destituido.
El procedimiento adquirió una nueva dimensión con la aprobación, el 31 de octubre, de una resolución que autoriza las audiencias públicas de funcionarios.
La nueva fase pública marca un gran impulso en la investigación para una posible votación contra Trump en la Cámara.
Si la Cámara Baja -donde los demócratas tienen mayoría- votara a favor de su destitución, Trump estaría sujeto a un juicio en el Senado, donde la mayoría republicana hace poco probable que la misma se materialice.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que los testimonios no ofrecían ninguna evidencia para la “farsa de investigación”, que además calificó de “ilegítima”. Por ello, ha frenado toda colaboración con el Poder Legislativo.
Mientras, los comités solicitaron al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, que testifique este viernes, por sospechar que estuvo “implicado” en la retención de ayuda a Ucrania. Pero es improbable que Mulvaney acceda a comparecer, porque la Casa Blanca ha prohibido a varios funcionarios que acudan ante los comités y este martes impidió el testimonio de otros dos cargos convocados por los investigadores.
