La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección de Investigación de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables, espera que mañana martes 6 de agosto la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional declare la responsabilidad penal en contra de las dos personas enjuiciadas por el asesinato del Fiscal Orlan Arturo Chávez.
Se trata del expolicía Wilmer Samuel Álvarez Pagoada, considerado como autor material del delito de asesinato y Alejandro Castro Núñez, sindicado por los delitos de asesinato y portación ilegal de armas comerciales.
Durante el juicio oral y público, Fiscales de la FEDCV evacuaron pruebas testificales, documentales, evidenciales y periciales técnico-científicas, que en total sumaron 37, entre los que destacan dictamen médico legal, dictamen comparativo de balística, análisis de video forense y pericia de análisis de vinculación de dispositivos telefónicos, entre otros.
Dichas pruebas presentadas por el Ministerio Público aportan elementos contundentes que demuestran la culpabilidad de los imputados, en relación a antes, durante y después de los hechos.
Como se recordará, Orlan Chávez, se desempeñó como Jefe de la Unidad Contra Lavado de Activos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y el caso incluye al entonces Comisario de Policía, Mario Guillermo Mejía Vargas (47), a quien también se le giró orden de captura por el asesinato del denominado Fiscal de Oro, por lo que tendrá que responder ante la justicia hondureña una vez que culmine su proceso y condena por narcotráfico en Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2013, a eso de las 8:15 de la noche, cuando el funcionario regresaba de impartir cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a bordo de un vehículo Mazda BT-50, cuando fue interceptado por dos sujetos a 60 metros del puente “Juan Ramón Molina”, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en contra de su humanidad.
El expediente la FEDCV lo logró llevar a los Tribunales de Justicia gracias a la labor técnica y científica de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cuyos agentes asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF ADPOL) retomaron la investigación del caso, pudiéndose así acreditar la participación de las tres personas acusadas, dos de ellos miembros de la Policía Nacional.
Los enjuiciados fueron capturados por la ATIC mediante la Operación Dignidad que se ejecutó el 13 de febrero de 2017 y en el Juicio se busca obtener una Sentencia Condenatoria contra los encausados.
