El Gobierno de Daniel Ortega estaría preparando una demanda contra Estados Unidos por las sanciones impuestas a sus allegados, entre ellos, su mujer Rosario Murillo, señalada de dirigir la represión que dejó como saldo más de 300 muertos.
Mario Arana, presidente de Amcham y miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, declaró a un medio nicaragüense que sus fuentes en Washington sostienen que Ortega podría estar considerando llevar el caso de las sanciones al tribunal de la Corte Internacional de Justicia.
Ortega cree que está en los años 80
Según analistas y políticos consultados por Nicaragua Investiga, la posible apertura de una demanda de Ortega en La Haya es una mala maniobra debido a que el mandatario no se encuentra bien posicionado a nivel internacional por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron después del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
En 1984, Daniel Ortega interpuso una demanda contra Estados Unidos ante La Haya por «financiar y promover la inestabilidad y la guerra en los años 80».
Dos años después, la Corte dictaminó que el Gobierno de Estados Unidos debía suspender la guerra, el minado y las agresiones contra Nicaragua. En esa época, las pérdidas económicas en Nicaragua se calcularon en 17 000 millones de dólares, dinero que Estados Unidos no pagó.
Consultada al respecto, la embajadora de Nicaragua, Laura Dogu, expresó hace tres años que ese «es un caso cerrado» que «terminó hace décadas» y aseguró que su país estaba enfocado en el futuro.
Los sancionados
La posible embestida de Ortega se da luego de que Estados Unidos aumentara su presión contra el Gobierno de Nicaragua por la represión iniciada en abril de 2018.
En un año, Estados Unidos sancionó a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua; Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, y a otros funcionarios sandinistas.
La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya (Países Bajos) y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre Estados. También, emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU.
