El número de las residencias otorgadas por Argentina a ciudadanos venezolanos ascendió a 31.167 en 2017, lo que supuso un alza de 142 % en comparación con 2016, informaron este martes fuentes oficiales.
Según señaló la Dirección de Migraciones en un comunicado, el aumento en el flujo de residencias otorgadas a venezolanos ha sido “elocuente” en los últimos años.
De acuerdo con las cifras oficiales, mientras en 2012 se concedieron 1.900 residencias, en 2016 ascendieron a 12.859, para saltar a 31.167 radicaciones en 2017.
“En enero pasado ingresaron 9.800 venezolanos, no sabemos cuántos de ellos se van a radicar”, dijo Horacio García, director de Migraciones de Argentina.
García sostuvo que hay demoras con las certificaciones de antecedentes penales que debe entregar el Estado venezolano a sus ciudadanos que quieren radicarse en Argentina.
En este sentido, dijo que el Ministerio del Interior argentino está buscando una solución para esta situación.
García señaló que de Venezuela “principalmente viene gente joven y personas con títulos universitarios”.
En el ránking de nacionalidades de 2017 por cantidad de radicaciones, el tercer lugar lo ocupan los venezolanos, por detrás de paraguayos y bolivianos y seguidos por peruanos y colombianos.
El viernes 9 de febrero, el Ministerio de Educación argentino, a través de dos resoluciones, resolvió facilitar a los estudiantes y profesionales procedentes de Venezuela los trámites administrativos de reconocimiento de estudios en atención a la situación especial que se vive en su país, que atraviesa una grave crisis económica, social y política.
De acuerdo a esas resoluciones, Argentina resolvió dar un “tratamiento preferencial en los trámites administrativos de reconocimiento de estudios de la educación obligatoria, tanto completos como incompletos”, cursados en el país caribeño.
La medida busca “permitir el ingreso y egreso de estudiantes a los establecimientos educativos de Argentina, mientras persista ruptura del orden democrático en aquel país”.
Los estudiantes venezolanos quedan exceptuados del requisito de la legalización de sus estudios y aquellos que carezcan de toda documentación educativa probatoria podrán rendir un examen global a fin de posibilitar la prosecución de sus estudios.
