El Presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, instruyó un despliegue y auditoría a nivel nacional dirigido a desarticular empresas de seguridad privada que funcionan como fachada para operaciones del crimen organizado en Colombia.
En cumplimiento de la orden del Gobierno de Colombia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada avanza en el proceso de suspensión y cancelación de licencias de funcionamiento de múltiples firmas bajo investigación. Las pesquisas señalan la presunta infiltración y utilización de estas entidades por parte de estructuras delictivas de alto impacto, entre ellas ‘Los Costeños’ y el ‘Clan Vega Daza’.
La directiva del presidente Abelardo de La Espriella establece una política de impunidad cero y exige la implementación de controles exhaustivos sobre el armamento e inventarios de estas compañías, con el objetivo de cortar los flujos de logística y armamento ilegal que abastecen a las organizaciones criminales en el territorio.
