Dieciocho personas acusadas de participar en el complot para asesinar al presidente haitiano, Jovenel Moïse, en 2021, comparecieron este lunes en una corte de Miami, tras ser extraditadas el fin de semana desde Haití, donde permanecían arrestadas.
Los imputados forman parte del grupo de 30 personas procesadas por el magnicidio de Moïse, cometido por un comando de mercenarios, 17 de ellos colombianos, el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe.
A la mayoría de los comparecientes este lunes ante el tribunal los describen como mercenarios colombianos, según medios estadounidenses, aunque también figura un exfuncionario del Gobierno haitiano.
Los acusados podrían enfrentar cadena perpetua
Durante la audiencia, la jueza Lisette Reid asignó abogados de oficio y fijó las próximas comparecencias del caso.
Los imputados se enfrentan a cargos federales que incluyen conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y prestación de apoyo material con resultado de muerte, delitos que conllevan penas de hasta cadena perpetua.
La extradición de todos ellos se dio el domingo a Miami, según el fiscal federal del distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones.
No es la primera vez que sospechosos de participar en la muerte de Moïse son juzgados en Miami. Otros cinco implicados recibieron una condena de cadena perpetua entre 2023 y 2024 por su participación en el magnicidio, mientras que un sexto recibió una pena de nueve años de prisión tras entender el juez que no tenía conocimiento del plan.
Además, el pasado marzo comenzó el juicio contra otros cuatro acusados.
Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida «sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores».
Dinero del covid para el magnicidio
Según investigadores citados este lunes por la cadena Fox, los conspiradores utilizaron fondos de ayuda federales otorgados a pequeñas empresas por la pandemia de la covid-19 para financiar el asesinato.
Más de cincuenta personas han sido acusadas en Haití en relación con el magnicidio, incluida la viuda de Moïse y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso se encuentra en un punto muerto por la inseguridad extrema en el país.
Según la acusación, el objetivo de los conspiradores era que Christian Sanon reemplazara a Moïse como presidente de Haití, y una vez en el poder, adjudicaría contratos a una empresa en Doral vinculada a varios de los acusados.
El plan se vendió inicialmente a los militares colombianos como una operación de arresto legal con respaldo de agencias de Estados Unidos, puesto que algunos de los que ya recibieron condenas tienen pasado como informantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La muerte de Moïse dejó un vacío de poder en Haití que permitió que las bandas tomasen el control del país, lo que desencadenó una crisis humanitaria y de inseguridad, que ha empujado a muchos haitianos a abandonar su país rumbo a Estados Unidos.
