Estados Unidos endureció este jueves la presión sobre la dictadura de Cuba con nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios vinculados al sector del níquel y al aparato militar de la isla. La medida, adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, alcanza a ocho empresas y organismos estatales y a tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyos activos sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cuyas operaciones con personas y entidades estadounidenses quedan restringidas.
El Departamento de Estado dividió las nuevas designaciones en dos grupos. El primero está compuesto por cuatro empresas que participan en actividades de ingeniería, investigación, servicios técnicos y explotación minera relacionadas con el níquel. El segundo incluye cuatro organismos militares dedicados a investigación, producción tecnológica, sistemas de entrenamiento y capacidades navales.
La administración estadounidense señaló que el níquel constituye una fuente de ingresos para el Estado cubano y acusó al régimen de utilizar los recursos obtenidos mediante la minería para sostener estructuras militares y de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las nuevas medidas apuntan a un sistema que, según Washington, concentra los beneficios económicos en la cúpula militar.
“El régimen cubano ha canalizado durante décadas todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta”, sostuvo Rubio en el comunicado oficial. Agregó que esa estructura deja a la población sin “energía confiable, alimentos o dignidad”.
Entre las empresas alcanzadas aparecen SERCONI, dedicada a servicios técnicos, computación, comunicaciones y electrónica para la industria del níquel; CEPRONIQUEL, que participa en proyectos de ingeniería y coordina operaciones vinculadas a la extracción; CEDINIQ, centro estatal de investigación relacionado con el sector; y PINARES S.A., dedicada a estudios geológicos y a la identificación de depósitos minerales.
Las sanciones también afectan a SIMPRO, especializado en simuladores y entrenamiento para las FAR; CIDNAV, vinculado a programas de investigación de la Marina de Guerra Revolucionaria; CIDAI, enfocado en armamento de infantería; y GELCOM, relacionado con la fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones.
