La ONU denuncia extrema concentración del poder en Nicaragua, según declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el país centroamericano se ha visto el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas, calificando la actual coyuntura como una situación “completamente indefendible”.
Lo que debes saber:
Un año de investigaciones
El pronunciamiento de Türk fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos mediante un informe exhaustivo que abarca el periodo entre junio de 2025 y junio de 2026.
El documento oficial expone la captura casi absoluta de las instituciones públicas por parte del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), bajo el mando de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el partido de gobierno mantiene la hegemonía total al controlar el Poder Legislativo, las 153 alcaldías del país y los consejos regionales de la Costa Caribe.
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Muestra de este dominio absoluto es el comportamiento en el Parlamento nicaragüense. Un análisis a 185 votaciones plenarias celebradas entre junio de 2025 y mayo de 2026 reveló la ausencia total de votos en contra o abstenciones, incluso por parte de legisladores pertenecientes a agrupaciones políticas ajenas a la coalición oficialista.
A la par de este control parlamentario, la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime en primera legislatura una reforma constitucional que extiende el periodo presidencial de seis a siete años.
Esta enmienda inhabilita políticamente a quienes el régimen considere “traidores a la patria” y posterga los comicios generales hasta 2028, cumpliendo la premisa de Ortega de impedir que la oposición dispute la administración del Estado.
Desapariciones y muertes en Nicaragua
En el ámbito de la represión, el informe situó a las detenciones arbitrarias como el principal mecanismo de intimidación utilizado por las autoridades. Se documentaron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro fallecimientos bajo custodia estatal, advirtiendo que los registros reales podrían ser superiores debido al temor de las víctimas a sufrir represalias y a la falta de cooperación gubernamental.
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La persecución también ha diezmado el tejido social y el ejercicio periodístico. Con la clausura de cuatro nuevas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación adicional durante el último año, la cifra acumulada de entidades disueltas de manera arbitraria alcanzó las 5,539, mientras que los medios independientes cerrados ascienden a 56 en los últimos ocho años.
Ante este escenario, Türk ha lamentado que en el país “casi no queda nada por cerrar”, recordando que el deterioro institucional se aceleró drásticamente tras la represión a las protestas sociales de 2018.
El informe concluye instando a la comunidad internacional a mantener la presión diplomática para exigir el restablecimiento de las garantías democráticas y los derechos fundamentales en la nación.
