La violencia contra las mujeres continúa representando uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en Honduras.
El registro de 195 feminicidios informado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Catrachas volvió a poner sobre la mesa una problemática que organizaciones defensoras consideran estructural y que, aseguran, requiere una respuesta más contundente del Estado.
Seydi Irías, integrante de la Red Lésbica Catrachas y del Observatorio de Catrachas, señaló que el número de víctimas llevó a las organizaciones a exigir que se declare una emergencia nacional frente a los feminicidios.
La petición no se limita a una declaración política. De acuerdo con Irías, implica destinar mayores recursos a la investigación, garantizar la aplicación efectiva de las leyes y fortalecer las instituciones encargadas de responder ante los crímenes contra las mujeres.
“Lamentablemente van sumando una y otra, también las familias que pierden a sus familiares, las madres”, manifestó la defensora, al insistir en la necesidad de reconsiderar la solicitud de una emergencia nacional.
El impacto sobre las familias
Detrás de cada feminicidio existe una familia afectada y una comunidad que enfrenta las consecuencias de una muerte violenta que, en muchos casos, pudo haberse prevenido.
Para las organizaciones defensoras, la dimensión del problema no puede medirse únicamente por el número de víctimas. También debe considerarse el impacto que los asesinatos tienen sobre madres, hijos, hermanos y demás familiares de las mujeres asesinadas.
Irías sostuvo que una respuesta efectiva requiere recursos suficientes para investigar los casos y garantizar que las leyes existentes sean aplicadas.
El reclamo adquiere especial relevancia en un contexto en el que el endurecimiento de las penas no necesariamente se tradujo, según las organizaciones, en una reducción de los crímenes ni en mayores niveles de justicia para las víctimas.
