El Gobierno de Donald Trump ha endurecido en los últimos días aún más las restricciones para obtener visas y entrar a EE.UU., con nuevas prohibiciones de viaje, suspensión de visas de inmigrante, mayores requisitos económicos y revocaciones masivas de permisos, en medio de un récord de deportaciones.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó en julio el número mensual de detenciones más alto en lo que va del segundo mandato de Trump, con 49.571 arrestos, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.
Además, las acciones migratorias de Trump han generado cientos de demandas sin precedentes de diversas organizaciones a través del país, encabezadas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que su Administración ha rebatido, algunas con éxito.
El rechazo de Trump a la inmigración irregular ha estado presente a lo largo de su carrera, con discursos xenófobos que han creado mucha controversia, como el que pronunció en 2015, cuando anunció que aspiraba a la presidencia y afirmó que México enviaba a EE.UU. crimen, drogas y violadores.
A su llegada a la Casa Blanca en 2017 firmó de inmediato órdenes ejecutivas prohibiendo la entrada al país durante 90 días de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y suspendió indefinidamente el programa de admisión de refugiados sirios.
También autorizó la construcción de un muro fronterizo, como había prometido, para frenar la inmigración desde el sur, tema que estuvo muy presente durante su primer mandato.
En este segundo cuatrienio ha intensificado estas acciones, con una política encabezada por «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos» y decisiones controvertidas como la suspensión temporal de las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, con el argumento de que necesitan entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos.
Choque judicial
El anuncio del miércoles del Departamento de Estado de que suspende temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo se produjo después de que una jueza federal de Nueva York anulara el 21 de agosto la suspensión de la tramitación de estos visados para ciudadanos de 75 países, al considerarla «contraria a la ley» y exceder la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
Poco después del anuncio del miércoles, familias inmigrantes y grupos de defensa legal acudieron al mismo tribunal federal de Nueva York con una moción para obligar a Rubio a cumplir con el fallo de la jueza.
Según la moción, «el Gobierno ha adoptado numerosas medidas que parecen perpetuar la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante» en lugar de acatar la orden, y los demandantes aseguran al tribunal que la acción «plantea serias preocupaciones de que el Gobierno no esté cumpliendo con la orden y esté tomando medidas para eludirla bajo el pretexto de una explicación falsa».
Más allá de las visas
Bajo el argumento de reducir la inmigración no regulada, Trump ha tomado otras decisiones que limitan en general la inmigración, como imponer fianzas de entre 10.000 y 20.000 dólares para personas de 50 países, en su mayoría africanos, para visados de turismo y negocios, y que también incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Con esta acción, retoma su controvertida política de «carga pública» de su primera Administración, con la que busca negar la residencia permanente (la ‘green card’) a inmigrantes que podrían depender de ayudas del Gobierno.
Esta semana, anunció además una fianza de 100.000 dólares para visados H-1B, que usualmente se otorgan a trabajadores de los sectores de tecnología e ingeniería.
Su política migratoria también ha abarcado a personas protegidas bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que vinieron a EEUU cuando eran niños, y a miles bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que les ha permitido vivir y trabajar en EE.UU. sin ser deportados.
La Administración Trump también contempla cancelar visas de negocios y turismo a extranjeros que hayan solicitado asilo tras ingresar a Estados Unidos.
Sobre este tema, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, indicó hoy en X que, tras revisar las visas diplomáticas y oficiales concedidas entre 2019 y 2023, el Departamento de Estado descubrió 420 personas de un país que habían entrado con esos visados solicitaron posteriormente asilo.
«Personas a quienes se les permitió ingresar a nuestro país en nombre de un gobierno extranjero alegaron que debían permitírseles quedarse porque enfrentaban persecución POR PARTE DE ESE MISMO GOBIERNO», indicó Landau.
De otro lado, el Gobierno de Trump presentó este jueves una demanda para impugnar varias leyes estatales en Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington que permiten a las universidades ofrecer matrículas con descuento y ayuda financiera a estudiantes que no cuentan con un estatus migratorio.
