Más de 100 cámaras de vigilancia instaladas presuntamente de manera ilegal fueron desmanteladas en diferentes sectores de San Pedro Sula y La Lima, como parte de acciones de seguridad orientadas a debilitar estructuras delictivas.
Estos dispositivos habrían sido colocados estratégicamente para vigilar movimientos de las autoridades y controlar accesos a determinados sectores, facilitando las actividades de grupos dedicados al crimen.
