Las autoridades de Colombia trasladaron a 103 presos considerados de alta peligrosidad desde la cárcel de Itagüí de máxima seguridad en el departamento de Antioquia (noroeste) a distintos centros penitenciarios del país, informó el gobernador regional, Andrés Julián Rendón, poco después de la investidura del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella.
«Antioqueños, he sido informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país», expresó Rendón en X.
Entre los reclusos se encuentran jefes de organizaciones criminales que delinquen en Medellín y sus alrededores como el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, como Freyner Ramírez García, conocido como Carlos Pesebre; Juan Carlos Mesa o Tom; Dayron Alberto Muñoz Torres o El Indio; y Juan Camilo Rendón, alias El Saya.
El traslado se produce el mismo día de la investidura del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado un endurecimiento de la política de seguridad y ha advertido a los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo de que tendrán dos opciones: «someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública».
La promesa del nuevo Gobierno para hacer «megacárceles»
Durante su discurso de investidura, el mandatario aseguró además que su Gobierno construirá «megacárceles» para quienes representen una mayor amenaza para la seguridad de los colombianos y afirmó que no habrá impunidad para los integrantes de las organizaciones criminales.
«No habrá impunidad, los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia», dijo De la Espriella, que también afirmó que la vía del diálogo con los grupos armados ilegales está «completamente agotada».
La cárcel de Itagüí fue protagonista de un incidente hace unos meses, por la celebración de una fiesta con reclusos en ese centro penitenciario, por el que se apartó del cargo a 11 funcionarios que se encontraban de servicio en ese momento por no haber cumplido con su función.
