El Congreso Nacional aprobó por unanimidad este lunes las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a endurecer la lucha contra los extorsionadores, dándoles así las herramientas legales a los operadores de justicia para combatir este flagelo, entre otras medidas contra la criminalidad.
El presidente del Legislativo destacó la urgencia de mejorar la seguridad en el país “con reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que dan las herramientas legales a los operadores de justicia que luchan contra este flagelo de la extorsión, contra las maras y pandillas y estos grupos criminales que le causan un daño terrible a la población hondureña”.
El jefe de la Cámara Legislativa hondureña lamentó que en el pasado no existió voluntad para luchar contra la extorsión, sino que desmantelaron la Fuerza Nacional Antiextorsión, donde había personal calificado, certificado y capacitado por agencias internacionales para el combate del delito.
En tal sentido, resaltó que los diputados tienen la obligación de ponerse en los zapatos de la gente que está siendo afectada por estas amenazas de extorsión.
Mencionó entre los sectores más golpeados por el delito al transporte, que tiene que cerrar rutas, o personas que han perdido un familiar e igual la gente de los mercados, mercaditos, pulperías, la que tiene un emprendimiento en barrios y colonias, que sufren a manos de extorsionadores.
Zambrano observó también que, si la política pública de seguridad va de frente contra los criminales, se ocupa un sistema penitenciario fuerte, robusto y que sirva para que desde allí no se cometan más ilícitos, por lo que se debe identificar con la Secretaría de Finanzas una fuente de financiamiento para la construcción de nuevos centros penales.
Adicionalmente, Zambrano señaló que, tal como lo establece la Constitución de la República, se requiere que las Fuerzas Armadas tengan autorización para dar seguridad ciudadana y colaboren con la Secretaría de Seguridad en esa labor.
Reformas aprobadas
El presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, Marcos Paz, detalló que las reformas solicitadas por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad para hacerle frente a la extorsión aumentan penas e incorporan causales de agravante del delito cuando se utilice a mujeres, menores, servidores públicos o personas que trabajan en el sistema financiero.
“Las reformas van encaminadas precisamente a aumentar las penas de revelación de secretos, de igual manera se aumentan las penas cuando alguien utiliza indumentaria militar y policial, siempre y cuando las utilicen ilegalmente”, agregó Paz, diputado nacionalista por el departamento de Santa Bárbara.
En el delito de extorsión se agregan nuevos elementos, detalló el parlamentario: “No solo van a perseguir al que va a dejar el papelito o un celular, sino que también está incorporando elementos como el de entregar, pagar, transferir, depositar dinero, el que preste una cuenta bancaria, el que retire ese dinero ilícito, el que invierta o reinvierta ese dinero que es proveniente de la extorsión”.
Por otro lado, las reformas incluyen atenuantes para quienes colaboren eficazmente para desarticular las bandas extorsionadoras.
Además, a las empresas de telecomunicaciones se les exige un registro minucioso de sus clientes, que esos informes sean reales y verificables y que sean manejados por una unidad especial para que cuando los entes judiciales pidan estos datos los entreguen en 24 horas.
