La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, encendió las alarmas al denunciar que el proceso de elección para los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral carece de mecanismos “objetivos y verificables”, dejando espacio a decisiones discrecionales y posibles negociaciones políticas.
Según el CNA, la comisión especial del Congreso solo utiliza un modelo básico de “apto o no apto”, sin publicar puntuaciones, rankings ni criterios comparativos entre aspirantes. Castellanos cuestionó que no existen matrices públicas de evaluación ni herramientas claras para justificar técnicamente por qué un postulante avanza y otro queda fuera.
El organismo anticorrupción exigió mayor transparencia en el proceso y pidió que se publiquen las rúbricas de evaluación, además de habilitar mecanismos de revisión para los excluidos. Aunque aclaró que esto no significa que los seleccionados no sean capaces, advirtió que la falta de trazabilidad alimenta la percepción de acuerdos políticos detrás de las decisiones.
