El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó este viernes que pedirá “licencia temporal” de su cargo tras la investigación que iniciará la Fiscalía General de la República (FGR) de México por las acusaciones de EE.UU. en su contra y de otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.
Moya presentó hoy ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Enfatió su convicción republicana, asimismo, aseguro que pidió la licencia para facilitar las investigaciones de las autoridades mexicanas.
“A mi pueblo y a mí familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento en el que las instituciones de justicia de este país lo requieran”, informó mediante un video en redes sociales.
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El funcionario se declaró como inocente frente a las acusaciones divulgadas el pasado miércoles por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre las que se presumen presuntas conspiraciones con líderes del Cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.
El gobernador del partido oficialista reiteró que los señalamientos en su contra son “falsas y dolosas acusaciones”, aseveró que no permitirá que utilicen para dañar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), partido al que pertenese y que afirma ha cambiado para bien la vida e los mexicanos.
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Otros acusados
Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU., solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.
Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
La decisión de ambos funcionarios ocurrió antes de la media noche y de forma expedita en medio de un sismo político entre ambos países, un asunto que investigará la FGR luego de haber solicitado “todas las pruebas, argumentos, informes y documentos” del caso.
