El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, ha confirmado el inicio de una investigación exhaustiva sobre la construcción de los centros hospitalarios iniciados durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.
Según Aspra, los hallazgos preliminares son “alarmantes” y sugieren una gestión deficiente que pone en riesgo las finanzas del Estado debido a la magnitud de los recursos que ahora deberán invertirse para culminar los proyectos.
La principal irregularidad detectada por la Procuraduría General de la República (PGR) es una crítica falta de planificación. Aspra destacó que no existía un presupuesto suficiente para enfrentar estas edificaciones desde su origen, lo que provocó que muchas de ellas quedaran inconclusas.
“Habrá una erogación grande de recursos por parte del Estado para completarlos y ponerlos en funcionamiento”, advirtió el funcionario, calificando la situación actual de los inmuebles como compleja.
Además de los problemas estructurales y financieros, la investigación apunta a posibles irregularidades legales en la ejecución de los contratos. La PGR ha detectado discrepancias significativas en los valores de construcción y equipamiento, los cuales no concuerdan con los estándares de obras similares.
Según el procurador, existen indicios de sobrevaloración que deberán ser confirmados a través de un peritaje técnico detallado para determinar la responsabilidad final sobre estos proyectos.
Otro punto de preocupación son los hallazgos relacionados con documentos administrativos. Aspra mencionó que se han identificado exhortos de pago enviados a la caja única del Estado sin que existan demandas formales que los respalden.
Esta situación ha levantado fuertes sospechas sobre la autenticidad de firmas y sellos en diversos documentos institucionales, lo que podría derivar en cargos por falsificación de documentos públicos y fraude administrativo.
Las secretarías de Salud e Infraestructura y Transporte (SIT) están bajo la lupa de los entes controladores. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya trabaja en una auditoría forense para profundizar en las etapas administrativas de las obras.
La PGR espera los informes finales de este organismo para que el Ministerio Público pueda deducir responsabilidades civiles, penales o administrativas contra los funcionarios involucrados en el anterior gobierno.
Para concluir, el procurador enfatizó que la falta de previsión también afecta la operatividad futura de los hospitales, ya que no se contempló el personal necesario ni el mantenimiento constante requerido.
El actual gobierno enfrenta ahora la encrucijada de rescatar estas infraestructuras por etapas o asumir una inversión masiva no planificada. Mientras tanto, las autoridades aseguran que se llegará hasta las últimas instancias legales para garantizar que el daño al erario público no quede impune.
