El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó su preocupación tras la aprobación en el Congreso Nacional de una reforma al artículo 3 transitorio del decreto 282-2010, al considerar que el trámite utilizado no fue el correcto.
Según el organismo, aunque la modificación pretende devolver facultades administrativas de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al pleno de magistrados, el Legislativo lo gestionó como una ley especial y no como una reforma constitucional, omitiendo procedimientos como la ratificación en una segunda legislatura.
El CNA recordó que el decreto aprobado en 2010 no se limitó a aspectos administrativos, sino que implicó cambios de fondo en la estructura del Poder Judicial, incluyendo reformas a las atribuciones de la CSJ y la creación del Consejo de la Judicatura.
Además, el ente afirma que, por tratarse de disposiciones con naturaleza constitucional, sostiene que cualquier alteración debe seguir el mismo procedimiento riguroso establecido en la Carta Magna y no simplificarse por razones políticas o de coyuntura.
El análisis del organismo advierte que la decisión podría derivar en un escenario de incertidumbre jurídica, ya que abriría la puerta a recursos de inconstitucionalidad que tendrían que ser resueltos por la propia Corte sobre facultades que la involucran directamente.
Para el CNA, más que ajustes parciales, el Congreso Nacional debe saldar la deuda pendiente desde 2011 y aprobar una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial que garantice independencia y equilibrio dentro del sistema judicial.
