El Congreso Nacional se alista para someter a segundo debate la ley que limita los poderes administrativos absolutos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tras su aprobación en primer debate.
La iniciativa propone retirar a la titular la facultad de tomar decisiones unilaterales sobre nombramientos, traslados y asignaciones de jueces y magistrados, y trasladar esas atribuciones al pleno de magistrados, en un esquema transitorio mientras se redacta y aprueba una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, órgano que según la Constitución debería encargarse de la administración del Poder Judicial.
La medida ha generado un debate intenso tanto en el Legislativo como en los sectores jurídicos. Sus impulsores argumentan que la colegiación de decisiones administrativas busca un equilibrio institucional y evitar la concentración de poder en una sola persona.
Por otro lado, críticos sostienen que la propuesta, al entrar en vigencia antes de la existencia formal del nuevo Consejo de la Judicatura, podría dejar en un limbo administrativo a la Corte y afectar el funcionamiento institucional.
