El Congreso Nacional socializará este martes el proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano enviado por el presidente Nasry Asfura, iniciativa que declara un Estado de Emergencia Fiscal por hasta 24 meses.
La propuesta busca enfrentar el deterioro financiero que, según el Ejecutivo, amenaza la estabilidad macroeconómica del país.
El plan contempla la eliminación o fusión de al menos 36 instituciones estatales consideradas redundantes, dentro de un proceso de reordenamiento que apunta a reducir el tamaño del aparato público, actualmente compuesto por más de un centenar de entidades.
La medida pretende disminuir el gasto operativo y corregir duplicidades administrativas, creando críticas de diversos sectores ya que significará el despido de personal del Estado, un golpe más al bolsillo de las personas.
Uno de los ejes centrales es blindar la Caja Única del Estado frente a embargos judiciales. La iniciativa establece que estas obligaciones no impacten directamente la liquidez gubernamental, sino que sean canalizadas mediante la Tesorería General de la República, permitiendo una programación ordenada de pagos y evitando sobresaltos financieros.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cinco años los embargos contra el Estado rondaron los 10 mil millones de lempiras, con un promedio anual cercano a los 2 mil millones. Sin embargo, en menos de 15 días recientes las demandas habrían generado un impacto superior a 3 mil millones, elevando la presión sobre el Tesoro.
El proyecto también faculta a la Secretaría de Finanzas a reestructurar o perfilar la deuda pública, tanto interna como externa, y realizar movimientos presupuestarios entre gasto corriente y de capital. El Ejecutivo asegura que estas acciones no afectarán salarios, servicio de deuda ni la operatividad básica de las instituciones.
