La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que el proceso de excarcelación de presos políticos en el país sudamericano sigue “abierto” y que, hasta la fecha, ya suman 406 liberaciones. La mandataria, que asumió temporalmente el poder tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, presentó estas cifras desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno.

Delcy Rodríguez dice que las liberaciones excluyen a acusados de delitos graves
Delcy Rodríguez indicó que el proceso de liberaciones se inició en diciembre y atribuyó parte de las excarcelaciones al plan promovido por Maduro antes de su derrocamiento, con la idea de abrir espacios de “entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica” en Venezuela.
“El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político (…) y el proceso se mantiene abierto”, afirmó la presidenta encargada.
Junto a Delcy Rodríguez estuvieron presentes en el anuncio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y su hermano, y Diosdado Cabello, ministro de Interior, quienes detallaron que las liberaciones excluyen a personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que se están evaluando delitos como intolerancia y violencia.
Discrepancias en las cifras
A pesar de las declaraciones oficiales, las cifras han generado controversia y escepticismo debido a las marcadas diferencias con el conteo de organizaciones independientes y de derechos humanos:
La ONG Foro Penal, que hasta antes de las últimas liberaciones estimaba más de 800 presos políticos en Venezuela, ha podido verificar solo alrededor de 56 excarcelaciones desde que se inició el proceso.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, ha reportado cifras similares a las de Foro Penal, con alrededor de 70 a 76 liberaciones confirmadas.
Las autoridades penitenciarias venezolanas informaron previamente de 116 liberaciones solo en la primera parte del proceso, aunque también sin divulgar listas públicas detalladas.
Estas inconsistencias han alimentado críticas por parte de familiares de los detenidos, que se mantienen a las afueras de centros como El Helicoide, Tocorón o El Rodeo I, exigiendo mayor transparencia y rapidez en el proceso.
Síguenos a través de nuestro Facebook: HCH Televisión Digital
Contexto político y presión internacional
El anuncio de Delcy Rodríguez ocurre en medio de un clima de tensión política y diplomática tras la intervención estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. En ese contexto, varios países y organismos internacionales han pedido la liberación de presos políticos como parte de un proceso más amplio de reconciliación y cambio político.
Gran parte de los países occidentales, incluida la administración del presidente estadounidense Donald Trump, han celebrado algunas de estas excarcelaciones como un gesto positivo hacia el cumplimiento de derechos humanos, aunque también han reconocido la falta de claridad en torno a las cifras reales de liberados.

La oposición en Venezuela —encabezada por figuras como María Corina Machado— ha criticado lo que consideran una manipulación de cifras oficiales por parte del régimen chavista y una falta de certeza sobre quiénes han sido liberados y bajo qué condiciones legales. ONG y defensores de derechos humanos han pedido la publicación de listas verificables y un fin definitivo a las detenciones arbitrarias por motivos políticos.
Grupos familiares, por su parte, han expresado que la incertidumbre persiste, con numerosas personas aún encarceladas y sin comunicación clara de cuándo se cumplirán más excarcelaciones. La falta de información ha sido descrita como una fuente de estrés y angustia para miles de familias que continúan luchando por la liberación de sus seres queridos.
Según Delcy Rodríguez, estas excarcelaciones forman parte de una estrategia de apertura política que busca demostrar una voluntad de cambio tras años de crisis y represión. Sin embargo, la disparidad entre cifras oficiales y las verificadas por ONG genera dudas sobre el alcance real del proceso y si este marca un cambio sustancial en las políticas de encarcelamiento político en Venezuela o si es, en gran medida, simbolismo político en torno a la nueva etapa del país.









