Honduras fue sometida este 7 de noviembre a su cuarto Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, un mecanismo que evalúa cada cuatro años y medio el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La delegación hondureña, encabezada por Longino Becerra, resaltó que este sería el “primer examen bajo un gobierno legítimo”, en alusión al discurso oficial que cuestiona la legitimidad de los procesos previos.
Uno de los temas más destacados fue el Estado de Excepción, vigente desde diciembre de 2022.
Países como Francia, Alemania, Bélgica, Noruega y el Reino Unido instaron a su levantamiento, recordando que las medidas excepcionales deben ser temporales, proporcionales y sometidas a control judicial y parlamentario. Se señaló que su prolongación podría afectar derechos fundamentales y la igualdad en el proceso electoral.
La independencia electoral y judicial también fue un foco central. España, Francia, Canadá, Reino Unido y Brasil subrayaron que la credibilidad de las elecciones del 30 de noviembre depende de la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Se hizo énfasis en proteger a las autoridades electorales frente a presiones políticas y garantizar la transparencia del escrutinio.
Otro aspecto crítico abordado fue la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Noruega, Suiza, Países Bajos y Francia recomendaron fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores, dotándolo de autonomía y presupuesto suficiente.
Reino Unido, Australia y Eslovenia insistieron en prevenir la criminalización de voces críticas y garantizar investigaciones imparciales frente a amenazas o ataques.
Además, se hicieron recomendaciones sobre la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, como la CEDAW, su Protocolo Facultativo, el Protocolo de Comunicaciones de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 189 de la OIT.
Países como Chile, Costa Rica y Brasil alentaron la adhesión al Acuerdo de Escazú y la implementación de políticas climáticas con enfoque de derechos humanos, mientras México, Uruguay e Islandia instaron a avanzar en la despenalización del aborto y el acceso a la salud sexual y reproductiva.
En conclusión, el EPU reflejó un diálogo constructivo pero exigente, donde la comunidad internacional reconoció avances sociales pero expresó preocupación por el deterioro del Estado de Derecho, la prolongación del estado de excepción y las tensiones sobre la independencia de los órganos electorales y judiciales.
Las recomendaciones subrayan la urgencia de fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la rendición de cuentas y asegurar que el proceso electoral de 2025 se realice bajo condiciones de libertad, transparencia e igualdad. Queda pendiente cómo responderá Honduras a estas observaciones en la siguiente fase del EPU.
