La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó un requerimiento fiscal contra funcionarios, exfuncionarios de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula y particulares por su participación en una red de corrupción que causó un perjuicio económico superior a 45.5 millones de lempiras.
La acusación se centra en 33 contratos fraudulentos adjudicados entre julio de 2023 y abril de 2024 a la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados al mejoramiento vial, en los que participaron representantes de empresas y empleados municipales en reuniones previas para planificar la adjudicación irregular.
Entre los acusados figuran Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representantes de HERCOD; Steven Adolfo Fajardo Vargas y Josué David Fajardo Hernández; así como representantes de otras empresas involucradas.
También se señalan ex y actuales funcionarios municipales, incluyendo gerentes, tesoreros y directores de proyectos, a quienes se les imputan delitos como violación de los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
La investigación determinó que los contratos fueron fragmentados para evadir los procedimientos legales de licitación, adjudicando 26 de manera directa y 7 por licitación privada, mientras HERCOD incumplía requisitos básicos como la presentación de garantías y nómina del personal técnico.
Además, los funcionarios aprobaron pagos sin verificar avances o cumplimiento de obras, y en varios contratos no se especificó la ubicación de los tramos a reparar; algunos proyectos, como la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en El Merendón, aparentemente no se ejecutaron y no hay evidencia de que maquinaria ingresara a las zonas.
