La Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional del Congreso Nacional de la República de Honduras, expresa su más enérgico rechazo a las recientes publicaciones realizadas por la cuenta oficial del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos que dirige Brian Mast y a las declaraciones de los congresistas Carlos A. Giménez y María Elvira Salazar, las cuales constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de la República de Honduras.
Los sectores más ultraconservadores de la política estadounidense, aliados históricamente con estructuras que convirtieron a Honduras en un narcoestado durante 12 años y 7 meses, ahora pretenden construir un relato de desestabilización, usando información falsa y entregada por miembros de las redes criminales que ya han sido condenadas en cortes federales por ingresar toneladas de droga a EE. UU. ¿Por qué no alzaron la voz entonces?
Esos mismos grupos criminales utilizaron las instituciones del Estado —la Policía, las Fuerzas Armadas, estructuras empresariales y bufetes legales— para proteger sus operaciones. Hoy, que estamos limpiando el país de esas redes y avanzando hacia un proceso electoral transparente, quieren boicotear la voluntad popular.
Estas manifestaciones —que coinciden de manera sospechosa con el fortalecimiento de la intención de voto hacia la candidata presidencial Rixi Moncada— buscan sembrar dudas sobre el proceso democrático hondureño y manchar anticipadamente los resultados de las próximas elecciones. No lo vamos a permitir.
En nuestro Congreso Nacional y el Gobierno de la República, hemos aprobado un total de 19 decretos para asegurar los procesos electorales de 2025 incluyendo la aprobación de alrededor de 4,000 millones de lempiras para todo el proceso. Estos son hechos y no palabras. Hemos detenido la intención de implementar el método electoral de los narcotraficantes empleados en los Fraudes Electorales del 2013 y 2017 cuyos datos se respaldan en documentos oficiales de la Fiscalía del Distrito Sur de New York, y la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de América para el Segundo Circuito, con el caso 1:15-cr-00379-PKC y el documento 554 que aún continúa vigente, con Mario José Calix alias Cubeta y muchos más, y el expediente en apelación 24-1868(L) de fecha 30 de junio del 2025, hace apenas unos días.
Reconocemos y valoramos la trayectoria de Brian Mast como veterano del ejército de los Estados Unidos y su servicio ejemplar a su nación. Por ello, consideramos que como Congresista ha sido sorprendido por informantes que le han proporcionado información falsa, proveniente de actores vinculados a los partidos tradicionales hondureños —los mismos que han sido señalados por narcotraficantes ya condenados en cortes federales estadounidenses.
Lamentamos que se haya publicado una afirmación infundada sobre un supuesto deterioro democrático en Honduras. El Consejo Nacional Electoral (CNE) cuenta con todo el respaldo institucional y ciudadano, y en la actualidad se encuentra trabajando con total normalidad para la celebración de las elecciones generales de 2025, sin ningún tipo de interferencia ni irregularidad.
Reiteramos que es completamente falso lo publicado, y hacemos un llamado a la verificación responsable de los hechos antes de emitir juicios que pueden afectar innecesariamente las relaciones históricas de respeto mutuo entre nuestros pueblos.
El hecho de que se haga mención selectiva a un solo video —entre muchos otros disponibles— y que entre los videos omitidos todos sepamos que se involucra de manera directa o indirecta a los mismos actores que hoy les sirven como informantes, no hace más que confirmar el sesgo, la mala fe y la limitada capacidad de análisis de quienes emitieron esa desafortunada publicación.
Es evidente que no buscan objetividad ni verdad, sino alimentar una narrativa política basada en desinformación. Por respeto a la relación histórica entre nuestros países, esperamos que el Congreso de los Estados Unidos no se preste a legitimar campañas construidas sobre testimonios viciados y selectivos de quienes están siendo procesados por delitos graves, o de quienes han sido señalados públicamente por colaborar con estructuras criminales del narcoestado que el bipartidismo implementó en Honduras.
Es falso que el tratado de extradición haya llegado a su fin. El gobierno hondureño y EE. UU. alcanzaron un acuerdo que extiende la vigencia del tratado hasta el 27 de enero de 2026, lo que garantiza su continuidad durante el proceso electoral en Honduras. Los hechos hablan por sí solos: Durante ocho años de gobierno del Partido Nacional, comprendidos entre 2014 y 2021, se registraron apenas 30 capturas con fines de extradición para un promedio anual de 3.75 capturas por año. Durante la administración de la Presidenta Xiomara Castro (2022–2025) en apenas tres años y medio de gobierno actual: se han registrado 56 capturas con fines de extradición para un promedio anual de 16 capturas por año. Lo que registra un incremento del 86.7 % en relación al total de la administración anterior. Todo tendrá más claridad de por que muchos grupos de poder economicos y politicos vinculados con la corrupcióny narcotráfico han emprendido una embestida contra nuestro gobierno, es por eso que es necesario tener en el radar que el martes 2 de septiembre de 2025 la Corte del Distrito Sur de la Florida comenzará el juicio sobre la Tasa de Seguridad y sus co-conspiradores. Y el jueves 4 de septiembre se dictará sentencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el narcotraficante Midence Oquelí.
Estos casos pondrán en evidencia las redes criminales públicas y privadas involucradas en corrupción, narcotráfico, lavado de activos, maras (MS-13) para sicariato y poder. Quedarán en evidencia los vínculos con el líder del Cártel de Sinaloa, “El Mayo” Zambada.
