El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles para controlar las protestas por las redadas migratorias, una decisión que no se veía desde hace 33 años.
Lo más polémico es que lo hizo sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, ni de la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass.
Esta es la primera vez desde 1965 que se activa a la Guardia Nacional sin aprobación estatal, cuando Lyndon B. Johnson la envió a Alabama para proteger a los manifestantes por los derechos civiles.
En 1992, el entonces presidente George H. W. Bush había desplegado a las fuerzas para frenar las violentas protestas tras la absolución de los policías que agredieron a Rodney King, pero lo hizo a petición del gobernador y el alcalde de Los Ángeles.
Por el contrario, en esta ocasión, las autoridades locales afirmaron que las manifestaciones eran mayormente pacíficas y que la situación estaba bajo control. Aun así, Trump recurrió al Título 10 del código federal para autorizar la movilización, evitando invocar la Ley de Insurrección, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo.
Ante la medida, el estado de California presentó una demanda contra Trump por presunto abuso de poder federal y violación de la Décima Enmienda de la Constitución.
La tensión política se elevó cuando Newsom denunció las condiciones precarias en que se encontraban los soldados desplegados, mostrando imágenes de efectivos durmiendo hacinados.
Mientras tanto, se anunció la llegada de 2.000 militares más a la ciudad, alimentando aún más el conflicto entre el expresidente y las autoridades estatales.
