La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la agresión contra el periodista Frank Mejía y expresa su preocupación por los reportes de criminalización contra la prensa en Honduras. La Oficina llama al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su labor de forma libre, independiente y segura. Además, reafirma su compromiso de seguir monitoreando la situación de la libertad de expresión en el país.
La Relatoría Especial condena enérgicamente la agresión sufrida por el periodista hondureño Frank Mejía el pasado 18 de mayo de 2025. De acuerdo con la información disponible, agentes de la Policía Nacional habrían irrumpido de forma presuntamente ilegal en su domicilio, ubicado en la colonia La Peña de Comayagüela, Tegucigalpa, bajo el argumento de estar en busca de una persona desaparecida. Denuncias públicas señalan que durante el operativo los agentes habrían esposado, golpeado y amenazado de muerte al periodista, además de sustraer sus pertenencias personales. Tras lo ocurrido, Mejía manifestó su temor por su seguridad, la de su familia y la integridad de sus colegas periodistas.
Esta Oficina toma nota de las declaraciones del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, quien informó haber instruido a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) y a la Inspectoría General de la Policía Nacional a iniciar las investigaciones correspondientes y establecer las responsabilidades en este caso.
Asimismo, la RELE advierte que este caso se suma a una serie de reportes recibidos por parte de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, quienes han alertado sobre la apertura de procesos penales contra diversos medios de comunicación y profesionales de la prensa, como El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable como Habla, Q’Hubo TV, Criterio HN, Noticias 24/7, Hondudiario y su director Arístides Aceituno, así como Radio Cadena Voces (RCV) y su director Dagoberto Rodríguez. Según la información disponible, estas acciones habrían sido promovidas por autoridades del Estado, incluidos altos mandos de las Fuerzas Militares, con base en presuntos delitos de injuria y calumnia, con el aparente propósito de controvertir publicaciones sobre asuntos de interés público e identificar las fuentes utilizadas en dichas investigaciones.
Además, como lo señaló en su Informe Anual 2024, la RELE ha seguido recibiendo reportes sobre estigmatización, campañas de desprestigio, desinformación y amenazas dirigidas contra periodistas. En particular, preocupan las recientes declaraciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), que calificaron como “falsas, temerarias e infundadas” las denuncias del director de Abriendo Brecha y Televisión Educativa Nacional – Canal 10; y la publicación del 26 de mayo en la edición 119 de FF.AA. Digital, titulada “Sicarios de la verdad” y acompañada de fotografías de tres periodistas.
De acuerdo con la información recibida, los hechos mencionados podrían enmarcarse dentro de un patrón más amplio de presiones e intimidaciones hacia la prensa que aborda temas de interés público, y tendrían el potencial de generar un fuerte efecto de amedrentamiento y de silenciamiento en periodistas.
Al respecto, la CIDH en su informe “Situación de derechos humanos en Honduras” advirtió que el uso de mecanismos penales para sancionar discursos especialmente protegidos —como aquellos referidos a cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos— vulnera en sí mismo el artículo 13 de la Convención Americana. En particular, la Corte IDH ha precisado que “en el caso de un discurso protegido por su interés público la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario”.
Igualmente, la CIDH ha reconocido que es legítimo y en ciertas ocasiones un deber que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público y se defiendan ante las críticas y cuestionamientos de la prensa, y rectifiquen información cuando lo consideren. Sin embargo, al hacerlo, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden vulnerar de forma directa o indirecta los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.
Ante los hechos expuestos, la RELE insta a las autoridades hondureñas a continuar la investigación sobre la agresión al periodista Frank Mejía, sancionar a los responsables y garantizar una reparación adecuada conforme a los estándares interamericanos. Asimismo, llama al Estado a adoptar las medidas necesarias para asegurar un entorno seguro y favorable para el ejercicio del periodismo; y en particular avanzar en la despenalización de los delitos contra el honor en el caso de expresiones vinculadas con asuntos de interés público. La RELE reafirma su compromiso de seguir monitoreando la situación de la libertad de expresión en el país y de apoyar los esfuerzos encaminados a consolidar un ambiente propicio para el pleno ejercicio de este derecho.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
