Nayib Bukele buscó que EUA le diera garantías de que los deportados que recibió en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) fueran todos convictos e integrantes de estructuras criminales, pero la administración de Donald Trump le envió a muchos que no habían sido juzgados, reveló un reportaje del periódico estadounidense “The New York Times”.
El medio reconstruyó cómo se armó el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para deportar personas al CECOT, a través de documentos internos del Gobierno estadounidense, documentos judiciales y entrevistas con 22 funcionarios gubernamentales, abogados de los migrantes deportados y familiares en Estados Unidos y Venezuela.
Según la publicación, aunque durante su reunión del 14 de abril Trump y Bukele se mostraron en sintonía con la deportación de más de 200 migrantes, semanas antes, cuando aterrizaron en El Salvador los primeros tres aviones con migrantes, el presidente salvadoreño “expresó discretamente su preocupación”, ya que solo había aceptado alojar a “delincuentes convictos”. Sin embargo, “muchos de los venezolanos etiquetados como pandilleros y terroristas por el gobierno de Estados Unidos no habían sido juzgados”, afirma el “NYT”.
Las fuentes consultadas y los documentos obtenidos por el periódico estadounidense afirman que Bukele pidió a EUA garantías de que todos los que recibió en el CECOT pertenecían al Tren de Aragua, una banda transnacional que se originó en Venezuela. La petición derivó en “una carrera” por “conseguir cualquier prueba” que pudiera presentarse a El Salvador, asegura “el Times”. “Pocos tenían vínculos públicos documentados con la pandilla y los funcionarios admitieron que muchos no tenían antecedentes penales en Estados Unidos”, agrega.
Para solventar las dudas, el Departamento de Estado proporcionó a El Salvador alguna información de inteligencia y una tarjeta de puntuación creada por el Departamento de Seguridad Nacional, que asigna unidades según diferentes categorías. Por ejemplo, una amplia variedad de tatuajes equivale a cuatro puntos y una puntuación de ocho se considera prueba de pertenencia al Tren de Aragua.
El Times aseguró que Bukele ya había explicado a Marco Rubio, secretario de Estado de EUA; y a Mauricio Claver-Carone, el enviado de Trump para América Latina, que no quería acoger a migrantes no criminales porque “no podía convencer a los salvadoreños de que estaba dando prioridad a sus intereses nacionales si convertía su país en un vertedero para los deportados de EUA procedentes de otros países”.
Pese a las dudas sobre la vinculación de los deportados con estructuras criminales, Bukele ha apoyado públicamente a la administración Trump en su negativa a cumplir la orden judicial de devolver a territorio estadounidense al salvadoreño Kílmar Ábrego, quien tiene amparo legal para permanecer en el país norteamericano.
Ha pedido a líderes MS-13
En su reportaje, el NYT confirma además que una de las condiciones de Bukele para concretar el acuerdo es que le devolvieran a líderes de la MS-13 que están bajo custodia estadounidense por diversos cargos.
La publicación asegura que esta solicitud “despertó las alarmas” entre algunos funcionarios policiales de EUA, ya que los departamentos del Tesoro y de Justicia “han acusado al gobierno de Bukele de hacer un pacto secreto con la MS-13, ofreciendo privilegios especiales a sus líderes encarcelados para mantener bajos los índices de homicidios en El Salvador”. Bukele ha negado las acusaciones.
“Lo que Bukele quiere desesperadamente es que estos tipos regresen a El Salvador antes de que hablen en los tribunales de Estados Unidos”, dijo al Times Douglas Farah, experto en El Salvador que entre 2018 y 2022 colaboró con el grupo de trabajo “Vulcano”, que tenía como objetivo a la MS-13.
