Una jueza federal de California ordenó al Gobierno de Trump restablecer temporalmente la asistencia legal a decenas de miles de menores migrantes que se encuentran en Estados Unidos sin un padre ni tutor.
El 21 de marzo, el gobierno republicano rescindió un contrato con el Centro Acacia para la Justicia, que brinda servicios legales a migrantes no acompañados menores de 18 años a través de una red de grupos de asistencia legal subcontratados por el centro. Once grupos subcontratados presentaron una demanda, alegando que 26.000 menores corrían el riesgo de perder a sus abogados; Acacia no es uno de los demandantes.
Estos grupos argumentaron que el gobierno tiene la obligación —en virtud de una ley contra la trata de personas de 2008— de brindar asistencia legal a menores vulnerables.
La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, ordenó una restricción temporal en la noche del martes. Escribió que los demandantes plantearon preguntas legítimas sobre si la administración había violado la ley de 2008, lo que justificaba el retorno al statu quo mientras el caso avanza. La orden entrará en vigor el miércoles y estará vigente hasta el 16 de abril.
“El Tribunal, además, considera que el financiamiento continuo de la representación legal para menores no acompañados promueve la eficiencia y la equidad dentro del sistema migratorio”, escribió.
Este es el tercer revés legal en menos de una semana para la ofensiva migratoria de la administración Trump, aunque todos podrían ser temporales mientras duren las demandas. El viernes, un juez federal en Boston dictaminó que las personas con órdenes de deportación definitivas deben tener una “oportunidad significativa” para argumentar en contra de ser enviadas a un país distinto al suyo. El lunes, otro juez federal en San Francisco suspendió los planes para poner fin a las protecciones para cientos de miles de venezolanos, incluyendo a 350.000 cuyo estatus legal expiraba el 7 de abril.
La Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 creó protecciones especiales para los menores migrantes que no pueden desenvolverse por sí solos en un complejo sistema migratorio. Los demandantes afirmaron que algunos de sus clientes son demasiado jóvenes para hablar y otros están demasiado traumatizados y no saben inglés.
