La Casa Blanca negó este lunes que el Gobierno de Estados Unidos ignorara la orden judicial emitida el sábado para impedir la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador mediante la invocación de la ley de enemigos extranjeros y aseguró que el decreto del juez federal carece «de fundamento legal».
«La Administración no se ‘negó a cumplir’ una orden judicial. Ésta, carente de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas de TdA (siglas de la banda criminal transnacional Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la Administración no chocan», escribió hoy en un mensaje en X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
«Además, el Tribunal Supremo ha dejado claro en repetidas ocasiones que los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales que establece el Artículo II (de la Constitución) para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada», añade.
La ley para que Estados Unidos deporte venezolanos
El sábado el juez federal James Boasberg había prohibido la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra la deportación de cinco venezolanos y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de EE.UU. que estarían sujetos a dicha normativa.
Esa normativa de 1798 no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y Trump recurrió a ella para acelerar las deportaciones contra miembros del Tren de Aragua.
«Un solo juez de una sola ciudad no puede dictar los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que iban a expulsarse físicamente de territorio estadounidense», concluye el mensaje Leavitt.
